No paran los escándalos sobre el sistema de vigilancia e interceptación de comunicaciones puesto en marcha por la derecha colombiana mediante la adquisición del virus informático israelí Pegasus.
A comienzos de septiembre ya se había publicado una reflexión sobre este grave suceso cuya gravedad aumenta a medida que se conocen más detalles.
Finalmente, esta semana se supo que la Fiscalía (el ente acusador colombiano) tiene indicios sobre una compra hecha por 5.5 millones de dólares a la compañía israelí NSO Group dueña del software espía durante la administración pasada.
A mediados de este año la Revista Raya, portal de periodismo alternativo, denunció que durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se habría adquirido Pegasus y que al menos habrían sido intervenidas 6000 mil líneas telefónicas (aunque el número puede ser mayor).
Esa administración lo habría adquirido en noviembre de 2021 justo después de que en Colombia tuvieran lugar dos estallidos sociales brutalmente reprimidos, en noviembre de 2019 y entre los meses de mayo, junio y julio de 2021.
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A lo anterior se debe sumar que durante todo el gobierno de Duque hubo serios indicios de violaciones a los derechos humanos por el asesinato de civiles en operaciones militares como ocurrió con al menos 8 menores de edad en el municipio de San Vicente del Caguán en agosto de 2019.
El hecho terminó con la renuncia del entonces ministro de defensa Guillermo Botero, pero sin que el entonces presidente, ficha clave del uribismo y quien recibió como credencial más importante para llegar al poder el guiño del poderoso expresidente cabeza de la seguridad democrática.
En los tiempos en que Uribe Vélez gobernó, fueron ejecutadas extrajudicialmente 6402 personas según las cifras de las Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
La administración de Duque también ocurrieron asesinatos selectivos de desmovilizados y firmantes de paz de la antigua guerrilla FARC como fue el caso de Dimar Torres por el cual fueron recientemente condenados un coronel y dos soldados del ejército colombiano.
Para marzo de 2022 cuando le restaban apenas meses de gobierno, tuvo lugar la masacre del Alto Remanso en el departamento del Putumayo, sur del país.
En la operación militar que buscaba la captura de alias Bruno, líder de uno de los grupos armados más influentes en la zona (Comandos de la Frontera) fueron masacradas 11 personas.
En el estallido social de mediados de 2021 fueron asesinadas al menos 80 personas y más de 400 fueron reportadas como desaparecidas.
Este cuadro anterior sugiere un remanente del sistema de vigilancia y control que estuvo en boga durante los dos mandatos del gobierno Uribe.
A la hora de analizar la gravedad de las revelaciones por la adquisición ilegal de Pegasus se debe tomar en consideración la deriva autoritaria del Estado colombiano en los últimos años.
La victoria de la izquierda en las urnas en 2022 no pudo cambiar la correlación de fuerzas en el establecimiento colombiano (que sigue ejerciendo el control desde los poderes fácticos) acostumbrado a la interceptación de las comunicaciones y persecución de sus rivales ideológicos.
Esta vez se repite un agravante mayor respecto del papel nefasto de los medios de comunicación.
A comienzos de septiembre cuando Petro anunció en alocución presidencial la revelación sobre Pegasus, no pocos lanzaron críticas en su contra por no hablar de una huelga de un sector de empresarios del transporte y decidieron ignorar los graves señalamientos.
En ese momento, el mandatario habló de la adquisición de Pegasus por 11 millones de dólares que habrían sido entregados en efectivo y presuntamente provendrían del lavado de activos.
Es difícil hallar un caso con más agravantes, sin embargo, los grandes medios apenas lo reportaron.
En una clara señal de retaliación, el medio La FM conocido por su cercanía con Iván Duque ha hecho señalamientos contra la Revista RAYA, algo que no es nuevo y que ya había ocurrido con la emisora BLU Radio conocida por su intransigencia respecto del progresismo (con algunas excepciones en sus periodistas).
A pesar de las revelaciones, no parece haber presión sobre Duque ni sus ministros para que den la cara.
La última vez que ese político del Centro Democrático (partido de extrema derecha fundado por la nostalgia uribista) dio explicaciones cabales lo hizo bajo presión internacional.
Aquello ocurrió en mayo de 2020 cuando una demoledora editorial del New York Times criticó los abusos por los seguimientos y espionajes ilegales a líderes sociales, opositores y periodistas, entre otros.
Entre las personas interceptadas apareció un periodista estadounidense de ese diario, Nicholas Casey, lo que habría sido el detonante para la queja editorial. En un acto de sumisión e hipocresía, el propio canciller de la época Carlos Holmes Trujillo viajó a EEUU para dar explicaciones a la junta directiva del NYT. A las víctimas en Colombia no se les dirigió ni una palabra con la deferencia expuesta frente a las autoridades estadunidenses.
La permanencia de Francisco Barbosa, antiguo subalterno de Duque y figura cercana al uribismo durante cuatro años en la Fiscalía tendría mucho que ver en la inacción del ente acusador respecto de los abusos cometidos por el Estado colombiano en nombre de la seguridad nacional, como en las peores épocas de la Guerra Fría en el Cono Sur.
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La llegada de Luz Adriana Camargo, una abogada independiente de los partidos políticos, en marzo de este año abre una oportunidad para que, de una vez por todas, Colombia se entere de los elaborados mecanismos en que se sigue ejerciendo una vigilancia incompatible con los mínimos con los que debe funcionar una democracia.
La prensa hegemónica colombiana mientras tanto hará todo a su alcance por encubrir, tapar y opacar, una práctica no sólo cada vez más recurrente sino descarada.
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Mauricio Jaramillo Jassir es un Doctor en Ciencia Política por la Universidad de Toulouse y en Geopolítica por París 8. Profesor de la Universidad del Rosario en Colombia. Puede ser localizado en X como @mauricio181212
