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Petro sin garantías: Denuncian grave conflicto ético y moral de magistrados del CNE

Cosas irracionales: Lorduy, un presunto asesino de una joven de 18 años y Prada, un investigado por soborno en el caso Uribe son los que violan la constitución para dar un golpe de Estado al presidente Gustavo Petro. Ambos deberían estar en la cárcel y no formulando cargos. ¡Absurdo!

En Colombia, el Consejo Nacional Electoral (CNE) es una entidad clave para garantizar la transparencia y el buen funcionamiento de los procesos electorales. 

Sin embargo, la institución ha sido objeto de controversia por las acciones de algunos de sus magistrados, entre ellos Álvaro Hernán Prada y César Augusto Lorduy, quienes han sido acusados de incurrir en prácticas corruptas y de estar inmersos en una trama de politiquería que ha generado un grave conflicto ético y moral en su papel como jueces electorales. 

Estas acusaciones han cobrado relevancia debido a la percepción generalizada de que estos magistrados actúan como enemigos declarados del presidente Gustavo Petro y de su gobierno, lo que ha despertado dudas sobre su imparcialidad y la legitimidad de sus decisiones.

Álvaro Hernán Prada: Historial de Controversias

Álvaro Hernán Prada, exrepresentante a la Cámara por el Centro Democrático, ha estado vinculado a múltiples escándalos a lo largo de su carrera política. Uno de los casos más resonados fue su presunta participación en la manipulación de testigos en el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. 

Aunque ha negado las acusaciones, esta situación ya había generado una sombra sobre su trayectoria, y su nombramiento como magistrado del CNE levantó serias dudas sobre su capacidad para ejercer sus funciones de manera objetiva.

En su rol como magistrado, Prada ha sido señalado de actuar de manera parcial y politizada, con el objetivo de influir en los procesos electorales en favor de intereses particulares, entre ellos, la oposición al gobierno de Gustavo Petro. 

Los señalamientos de corrupción que pesan sobre él, sumados a su cercanía con sectores políticos tradicionalmente contrarios a Petro, han exacerbado la desconfianza en su capacidad para tomar decisiones justas y equilibradas en el CNE.

César Augusto Lorduy: Conflicto de Intereses

Por su parte, César Augusto Lorduy, también excongresista del partido Cambio Radical, enfrenta denuncias similares. Durante su tiempo como legislador, Lorduy fue acusado de actuar en favor de intereses económicos y políticos que lo distanciaban de los principios de independencia que deben guiar a un magistrado electoral. 

César Lorduy autor de un asesinato de una dama de 18 años de edad en Barranquilla.  Pese a que muchas personas lo vieron asesinar a la mujer, la justicia colombiana no lo pudo condenar por vencimiento de términos, el caso prescribió.

Su nombramiento en el CNE ha sido interpretado por muchos sectores como un intento de la clase política tradicional de mantener el control sobre los órganos electorales, garantizando que los fallos y decisiones sean favorables a sus intereses y contrarios a las propuestas reformistas del gobierno actual.

Las denuncias contra Lorduy incluyen la supuesta manipulación de procesos electorales y la utilización de su cargo para favorecer a candidatos afines a su corriente política. Al igual que Prada, su cercanía con grupos políticos que se oponen al presidente Petro ha generado inquietud sobre la transparencia del CNE y la capacidad de este organismo para cumplir con su función constitucional de manera imparcial.

Imparcialidad Cuestionada: Juez y Parte

Uno de los principales problemas que se derivan de la presencia de Prada y Lorduy en el CNE es el evidente conflicto de intereses que plantea su participación en procesos relacionados con el gobierno de Gustavo Petro. 

La Constitución colombiana establece que los magistrados del CNE deben actuar con independencia y neutralidad, pero la cercanía de estos dos magistrados con sectores opositores al gobierno actual ha socavado la credibilidad de la institución.

Se ha señalado que las decisiones del CNE bajo la dirección de Prada y Lorduy han sido utilizadas para entorpecer las políticas y los proyectos del gobierno de Petro, generando una persecución política que vulnera los principios democráticos. 

Al ser jueces en casos donde tienen claros intereses políticos, su imparcialidad ha sido seriamente cuestionada, lo que pone en duda la validez de las decisiones que emite el CNE en estos casos.

Complicidad de la Prensa Tradicional y los autodenominados congresistas “independientes” 

Otro elemento que ha avivado el debate es la percepción de complicidad de un sector de la prensa tradicional y los congresistas “independientes” que, en lugar de cuestionar las acciones de Prada y Lorduy, han optado por mantenerse en silencio o incluso defender sus decisiones. 

Este sector “mediático”, que históricamente ha tenido vínculos con la clase política tradicional, ha sido acusado de actuar como opositor del gobierno de Petro, omitiendo información relevante sobre las irregularidades en el CNE y presentando una narrativa que legitima los ataques contra el presidente.

Esta connivencia entre sectores del poder judicial, la política y los medios de comunicación plantea un escenario de grave deterioro institucional, donde las normas constitucionales se ven vulneradas por intereses particulares que buscan mantener el statu quo. 

Las denuncias contra Prada y Lorduy no solo representan un ataque a la figura presidencial, sino también una amenaza al sistema democrático de Colombia, al poner en riesgo la independencia y transparencia de las instituciones encargadas de velar por la justicia electoral.

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