El desarrollo de grandes proyectos de infraestructura como el Metro suele ser uno de los motores más importantes para el crecimiento económico y social de las ciudades.
Sin embargo, cuando estos proyectos se ven influenciados por agendas políticas, es común que pierdan su rumbo técnico y terminen afectando negativamente a la sociedad.
Un ejemplo claro de este fenómeno es el caso del Metro de Bogotá, un proyecto que ha estado en el centro de controversias debido a decisiones políticas que han impactado su diseño, su viabilidad financiera y, en última instancia, su capacidad para resolver los problemas de movilidad que enfrenta la capital colombiana.
Desde hace décadas, Bogotá ha sufrido graves problemas de tráfico y movilidad, lo que ha impulsado la necesidad de contar con un sistema de transporte masivo eficiente y de alta capacidad.
La idea de construir un metro en la ciudad ha sido discutida desde la segunda mitad del siglo XX, y diversos estudios técnicos han señalado que un metro subterráneo sería la solución más adecuada debido a las características geográficas y urbanísticas de la ciudad.
Un sistema subterráneo no solo evitaría la congestión en las vías principales, sino que también permitiría un menor impacto en la superficie urbana, protegiendo espacios públicos, zonas verdes y vías arteriales esenciales para la movilidad de Bogotá.
Las decisiones en torno al Metro de Bogotá no se han tomado únicamente desde una perspectiva técnica.
A lo largo de los años, el proyecto ha sido objeto de diversas disputas políticas que han moldeado su diseño y viabilidad. En 2019, el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, impulsó la idea de construir la primera línea del metro en su totalidad elevada, rompiendo con el consenso técnico que recomendaba un metro subterráneo.
Según los expertos, la decisión de hacer el metro elevado se tomó por motivos políticos y no técnicos, lo que ha generado numerosas críticas sobre la viabilidad del proyecto.
La construcción de un metro elevado en Bogotá presenta diversos riesgos que podrían terminar aumentando los costos y generando retrasos significativos.
En primer lugar, el impacto urbano de una infraestructura elevada es mucho mayor que el de un sistema subterráneo. Las columnas y estructuras necesarias para sostener el metro elevado podrían generar afectaciones a los comercios, viviendas y zonas públicas cercanas, además de alterar significativamente la estética de la ciudad.
También existe un riesgo mayor de afectaciones a la infraestructura vial existente, lo que podría agravar los problemas de movilidad durante el tiempo que dure la construcción.
Está más expuesto a sobrecostos y retrasos
Además, un metro elevado está más expuesto a sobrecostos y retrasos debido a la complejidad de construir en una ciudad como Bogotá, donde los problemas geotécnicos y las dificultades logísticas son una constante.
Los estudios han mostrado que las ciudades con sistemas de metro elevados tienden a enfrentar mayores desafíos técnicos durante la construcción, como dificultades con las fundaciones de las columnas y el impacto de la vibración sobre las estructuras cercanas.
A esto se suman los problemas asociados con la construcción en medio de una ciudad densamente poblada, lo que incrementa el riesgo de conflictos sociales y económicos durante la ejecución del proyecto.
Sin embargo, lo más preocupante es que las decisiones políticas detrás del diseño del metro no solo tienen implicaciones técnicas y financieras, sino que también impactan directamente en la calidad de vida de millones de bogotanos.
Un metro mal diseñado, con retrasos y sobrecostos, no solo afectará la movilidad de la ciudad, sino que también generará descontento social y afectará la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas.
¿Qué pasa cuando los proyectos de infraestructura se politizan?
Cuando los proyectos de infraestructura se politizan, los líderes tienden a priorizar sus intereses personales o de partido sobre el bienestar general, lo que termina debilitando la capacidad del proyecto para cumplir con sus objetivos iniciales.
El caso del Metro de Bogotá es un claro ejemplo de cómo las agendas políticas pueden desviar el rumbo de un proyecto de infraestructura que, en teoría, debería basarse en estudios técnicos sólidos y en el interés general.
En lugar de tomar decisiones basadas en lo que es mejor para la ciudad y sus habitantes, las decisiones sobre el diseño y la ejecución del metro han estado profundamente influenciadas por las luchas políticas de turno.
Esto no solo pone en riesgo la viabilidad del proyecto, sino que también amenaza con perpetuar los problemas de movilidad que Bogotá ha sufrido durante décadas.
Cuando los proyectos de infraestructura pierden su dirección técnica debido a decisiones políticas, los costos se vuelven más altos, los retrasos se acumulan y los ciudadanos son los principales afectados.
El Metro de Bogotá, un proyecto con el potencial de transformar la movilidad de la ciudad, ha sido víctima de estas luchas políticas, lo que podría condenarlo a convertirse en una obra ineficaz y costosa que no resuelva los problemas de fondo.
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