Lo que puede cambiar la actitud olímpica del gobierno de dilatar y dilatar va a ser la opinión internacional; la CIDH ya está aquí
Ha quedado en evidencia que al presidente Duque o mejor dicho, a Álvaro Uribe, no le interesa realizar negociaciones con el Comité del Paro para llegar a acuerdos que le den salidas a esta inmensa convulsión social.
Es evidente que el gobierno tiene todos los elementos para generar las condiciones que permitan no dilatar más este proceso que lleva ya demasiadas semanas con los costos inmensos que se generan.
Lo que ya se ha vuelto un análisis de muchos es que el fin del gobierno es dilatar y dilatar para que amplios sectores del país se desesperen y pidan mano dura que es lo que favorece a Uribe y por consiguiente a este gobierno.
Es la forma de retener un poder que de otra manera se ve cada vez más lejano por el poco apoyo que ha tenido hasta ahora en el país.
La pregunta es si esta juventud que está en la calle y los miles de colombianos que reconocen lo trascendental que es este el cambio que están demandando esta sociedad, van a dejar que esto suceda.
Varios puntos para empezar.
El primero: los representantes del gobierno, porque el presidente Duque no aparece, tienen un doble juego. Cuando les conviene, los miembros del Comité del Paro sí tienen total representatividad y por eso ellos son lo que deben acabar con todos los bloqueos y mientras estos sigan no hay acuerdo ni siquiera negociación posible.
Cuando no les conviene, como afirma el flamante ministro del Interior, los miembros del paro no representan a los manifestantes.
Ni lo uno ni lo otro. No todos los bloqueos son controlados por este comité y si sus miembros no tuviesen algo de representación de los manifestantes, por qué el gobierno se sienta a negociar con ellos.
Conclusión, el comportamiento del gobierno demuestra que son solo disculpas para que siga el paro.
El segundo: quienes han negociado siendo parte de un gobierno conocen de sobra el mecanismo que han utilizado desde presidentes de la Republica hasta funcionarios de diversos rangos.
Los negociadores de las dos partes se encierran hasta que se logra un acuerdo y quien tiene el poder de organizar este tipo de circunstancias es el gobierno.
Sitios cerrados con todas las facilidades, inclusive equipos de relevo cuando las jornadas son extenuantes. En fin, todo lo necesario para no dilatar estas decisiones consensuadas.
Nada de esto están haciendo los negociadores del gobierno.
La solución de pronto se encuentra gracias a la Comisión de Derechos Humanos que ya está en el país.
No se trata de un grupo de mamertos, como de forma irrespetuosa María Isabel Rueda los ha calificado públicamente.
Sus miembros son profesionales de reconocida trayectoria internacional a quienes el gobierno no les puede llegar con simples declaraciones de lo que debería ser el respeto a los derechos humanos, cuando definitivamente esta no ha sido la realidad en medio de esta convulsión social.
Hay demasiadas evidencias que el gobierno así haga malabares no va a poder negar. Al escuchar tanto a la vicepresidenta como al fiscal general, queda la sensación de que sienten que están tratando con personas que se desmayan frente al poder y en eso se equivocan totalmente.
La presidenta de esta comisión ya conoce los argumentos cuando tuvo que escuchar en la W radio a María Fernanda Cabal que en su estilo irrespetuoso le mostró esa Colombia que cree que pude ocultar la tragedia que se ha vivido en medio de estas manifestaciones.
Al paso que van los acontecimientos, lo que puede cambiar esta actitud olímpica del gobierno va a ser la opinión internacional que está mucho más preocupada por la situación del país que muchos de estos colombianos que se han convencido de los argumentos de personajes como Uribe.
Nadie se inventó lo de señales de paramilitarismo urbano porque uno de los civiles que usaron armas para atacar a los manifestantes lo reconoció y pidió perdón.
Tampoco se han inventado los muertos que nadie conoce la cifra exacta pero que supera la que acepta esta Fiscalía que tenemos, arrodillada ante el presidente Duque.
Además no pueden negar las violaciones a jovencitas por parte de la policía porque ya les ha tocado aceptar algunos de estos actos.
Y finalmente, el número de muertos y desaparecidos no es el que afirman las instancias del Estado y tendrán que llegar a las cifras reales.
Es decir, en este país en medio de esta convulsión social sí se han violado los derechos humanos y esta realidad en manos de instancias internacionales autorizadas, obligará al gobierno a aceptar mucho de lo que han negado, negociar y aceptar responsabilidades.
Esta será la única forma de que no se cumpla la malévola estrategia de dilatar para lograr así mantener el poder quienes quieren retenerlo apelando al desespero de la población afectada por el paro que ya parece indefinido.
Al presidente le va a tocar aceptar que hasta ahora no ha querido negociar.
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