Muchos hablan de la inutilidad de la protesta social, otros señalan la violencia y las afectaciones que la acompañan, y algunos más señalan que se debe mejor hacer otras cosas.
Pero las democracias modernas han encontrado en el derecho a la protesta un elemento fundamental para su funcionamiento. Los grupos minoritarios necesitan esa garantía.
Organizaciones sociales, grupos étnicos, comunidades de todo tipo, colectividades, en fin, cada espacio ideológico, político, social necesita la posibilidad de hacer público sus necesidades y aspiraciones, más aun cuando no cuentan con canales de comunicación adecuados o eficientes con el Estado.
La actual protesta social en Colombia tiene raíces viejas pero también antecedentes cercanos. Protestas de campesinos, estudiantes, transportadores, naciones originarias, entre otras, vienen mostrando su inconformidad y vienen esperando soluciones.
Pero lo que se inició el 28 de abril tiene como precedente lo que sucedió en 2019 y 2020. Lo que ahora sucede no es algo atípico o extraordinario, es el resultado no solo de una dinámica que inició hace algo más de año y medio, sino también de la falta de tramitar y resolver adecuadamente la protesta social.
El Estado colombiano es históricamente torpe y violento a la hora de resolver las manifestaciones sociales. Solo hay que recordar a los comuneros en la colonia, y más recientemente los paros cívicos o las manifestaciones de grupos sociales como los campesinos e indígenas.
Son cientos de actas de compromiso que no se cumplen, y ese incumplimiento genera la siguiente protesta social, donde se firma una nueva acta y su incumplimiento engendra la siguiente manifestación en un círculo vicioso que ahonda la desconfianza hacia el Estado y no resuelve los problemas sociales.
Ahora se vive el resultado de no haber solucionado las manifestaciones del 2019 y 2020.
Todavía están frescas en la memoria de la gente las víctimas de las protestas y la impunidad en las investigaciones por los responsables de la violencia. Además, la población no olvida que los espacios de dialogo no llevaron a ningún resultado y las peticiones quedaron sin resolver.
En este 28 de abril de 2021 lo que sucedió fue la suma de esos antecedentes que se sumó a nuevos hechos que provocaron una reacción social sin precedentes en las últimas décadas.
Si no hay canales efectivos para que la población, las minorías y los grupos sociales puedan expresar, tramitar y resolver sus necesidades y aspiraciones, el resultado es la manifestación pública de esas problemáticas de la gente.
Es claro que la población necesita expresarse, hacerse oír y manifestar su descontento. Si los partidos políticos, el gobierno y el Estado es incapaz de tramitar y resolver esas demandas y reivindicaciones de la comunidad no solo se debilitara el funcionamiento mismo de Estado y la democracia, sino que se estará gestando futuras protestas sociales.
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