Por: Jaime Calderón Herrera
“Colombia es democracia, Registraduría su garantía” leo en una Resolución que llega a mis manos firmada por Melba Patricia López Pérez, registradora especial del Estado Civil en Floridablanca, en la cual sanciona con $689.454 a una muy humilde mujer, quien se gana el salario mínimo trabajando en servicios varios, léase aseo, en una empresa de ingeniería.
Esta mujer analfabeta funcional, quien vive en condiciones de sobrevivencia al lado de su nieto y su hijo, inteligente, pero sin haber tenido las oportunidades de una educación que le permita moverse en el mundo digital, hoy es sancionada, injustamente a mi parecer, por no haber consultado mediante internet la página web de la Registraduría donde su nombre apareció como jurado seleccionado, no como consecuencia de la lista suministrada por la empresa donde labora, sino por la inscripción abusiva de su nombre por un partido político interesado en el plebiscito realizado en el 2016.
La afirmación de la Registraduría como garantía es difícil de validar en muchos casos. Basta recordar aquellos en que candidatos que han obtenido votos suficientes para ser elegidos luego no reciben su credencial por decisiones de la Corte Electoral que favorecen a otros, y que después de demandas y largos procesos ante el Consejo de Estado, y cuando ya ha desaparecido el tiempo de su mandato, les reconocen su elección, tal como sucedió recientemente con los candidatos del Partido Mira, con la hermosísima chocoana ex reina de belleza Vanesa Mendoza y lo que muy probablemente sucederá con Gloria Flórez Schneider, a quien en el último segundo le notificaron resultados contrarios provenientes de la Registraduría.
Una democracia con errores del ente escrutador es una democracia con errores, pero que dicho ente se ensañe con los débiles sancionándolos con multas que ponen en riesgo su seguridad alimentaria, su dignidad, basado en consideraciones de la letra de la ley sin consultar su espíritu, ni las condiciones particulares y objetivas del ciudadano sancionado no solo es errático sino injusto, en una Colombia injusta.
Es bien sabido que un salario mínimo no es suficiente para vivir y que una familia requiere al menos tres salarios mínimos para obtener ingresos que le permitan acceder a condiciones básicas.
Sancionar a una cabeza de familia con un salario mínimo es una canallada.
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