
En medio de una profunda crisis social y económica que afecta a los sectores más vulnerables de la población, el gobierno distrital encabezado por Jonathan Vásquez ha demostrado, una vez más, una alarmante desconexión con las verdaderas prioridades del pueblo.
Desde que comenzó el año escolar, los estudiantes han tenido que enfrentar la dura realidad de no contar con un servicio de transporte escolar digno.
A mediados de abril, aún no se ha concretado ninguna solución para garantizar este derecho fundamental, y la respuesta del gobierno sigue siendo la misma: “no hay recursos”.
Pero la crisis no se limita al sector educativo.
Los adultos mayores, muchos de ellos en condiciones de vulnerabilidad extrema, también han sido víctimas del abandono institucional. Desde el año pasado, no se les garantiza el acceso regular a una alimentación adecuada, una obligación básica que debería cumplir cualquier administración comprometida con el bienestar de su población.
Es inaceptable que los ancianos, quienes han trabajado y contribuido durante toda su vida al desarrollo del país, sean tratados con semejante indiferencia.
Lo que genera mayor indignación es que, mientras se niegan recursos para lo esencial —como la educación y el cuidado de nuestros mayores—, el mismo gobierno ha destinado más de $6 mil millones de pesos para la realización de las Fiestas del Sol.
Una cifra escandalosa que no solo supera la del año anterior, sino que además fue mal invertida.
Con menos dinero, en años anteriores se logró contratar artistas de mayor reconocimiento y calidad. Este año, la contratación de un operador foráneo, sin sentido de pertenencia ni compromiso con la ciudad, ha despertado fuertes críticas, no solo por la pobre programación, sino también por la opacidad del proceso y los indicios de posibles actos de corrupción.
La gestión del evento ha sido deficiente en todos los niveles: mala logística, baja calidad en los espectáculos, poca transparencia y un evidente despilfarro de los recursos públicos.
La comunidad se pregunta, con toda razón, cómo es posible que no haya dinero para lo urgente, pero sí lo haya para el espectáculo, la tarima, el negocio y el derroche.
Lo que refleja esta situación es un modelo de gobierno más preocupado por el show que por el bienestar de sus ciudadanos.
¿Cómo puede una administración justificar semejante contradicción?
Mientras nuestros niños caminan largos trayectos para llegar a sus escuelas y nuestros abuelos esperan por una ración de comida que nunca llega, se gasta a manos llenas en eventos festivos que poco o nada aportan a las necesidades reales de la población.
Las prioridades están completamente invertidas.
La función pública debe enfocarse en garantizar derechos, no en promover espectáculos vacíos de contenido social. No se trata de estar en contra de las celebraciones culturales —que también son importantes—, sino de entender que, en una ciudad con tantas carencias, los recursos deben invertirse con responsabilidad, sentido común y justicia social.
Para Jonathan Vásquez, lamentablemente, parece que lo urgente no es garantizar el transporte escolar o la alimentación de los adultos mayores, sino asegurar que el show no se detenga. Esta visión corta y egoísta de la administración pública sólo profundiza las desigualdades y deja una huella de frustración en una comunidad que exige, con razón, ser escuchada y respetada.
El pueblo no olvida. Y cada decisión que ignore las verdaderas necesidades de la gente será recordada cuando llegue el momento de rendir cuentas. Porque para las excusas ya no hay paciencia… y para el derroche, ya no hay tolerancia.