Por: Jaime Calderón Herrera
Una juez de la República ordena a una EPS entregar cosas que prescribió un médico a una persona con discapacidad visual, para que pueda desempeñarse como “chef”.
Algunos de los artículos ordenados son: ayudas para pesar y medir, incluidas pesas para cocina, “utencillos parsa dosificar alimentos (sic), relojes de mesa que neutralicen, compensen y previenen (sic) la discapacidad, máquina de escribir con sistema Braille, calculadora las cuales compensan y neutralizan la discapacidad (sic), aparatos para cortar la mantequilla, termómetro para cocina y para la carne”. Hay 11 más.
La razón que adujo la juez es que se trata de una prescripción médica y que además tales elementos contribuyen a generar una vida digna al ciudadano con dicha situación. Desconozco las razones que tuvo el médico para prescribir los elementos mencionados.
Nadie podría discutir que la educación, la formación en un oficio o profesión y su ejercicio ayudan a la realización personal y por ende a mejorar las posibilidades de una vida digna.
Lo insensato es que, como en este caso, lo que mitigue la condición de discapacidad de esta persona y de otras se pague con cargo a los limitados recursos del sistema de salud, y no con recursos de educación, o recursos propios o familiares, o de programas sociales de los entes territoriales, o del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El médico prescriptor, este y cualquier otro, debería saber que la autonomía médica es un privilegio a la profesión y no al individuo, y que se ejerce bajo los principios de beneficencia, de no maleficencia y de equidad, incluido en este último el uso racional de los recursos, que en este caso son públicos.
Así como los médicos deben ser conscientes que al prescribir hay que tener en cuenta las víctimas invisibles que no accederán al sistema o retardarán sus tratamientos por el desperdicio o mala utilización de los recursos, los jueces debieran profundizar su conocimiento en la conceptualización de la autonomía médica, sus alcances y sus límites.
Si con recursos de la salud vamos a pagar la seguridad social de los residentes en Colombia, pronto vamos a perder la protección que hoy tenemos.
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