Según el presidente Gustavo Petro, el proceso constituyente propuesto no busca reemplazar la Constitución de 1991 ni permitir la perpetuación en el poder, como lo han afirmado sectores de oposición.
El objetivo, sostiene el mandatario, es permitir que el pueblo colombiano, como constituyente primario, asuma un rol activo en la resolución de los problemas estructurales que, durante más de tres décadas, los órganos constituidos no han logrado enfrentar.
Ni hacen ni dejan hacer
Petro ha sido enfático en señalar que los mecanismos actuales del poder, establecidos por la misma Constitución del 91, han sido capturados por intereses que impiden la materialización de reformas urgentes.
Según él, el Congreso, dominado por sectores tradicionales y liderado por figuras como Efraín Cepeda y los partidos de derecha y centro, han saboteado repetidamente los esfuerzos por cumplir las promesas de campaña apoyadas por millones de votos populares.
Entre los ejes temáticos del proceso constituyente propuesto están
Una justa redistribución de la tierra fértil, la implementación integral de los Acuerdos de Paz (incluyendo la transformación territorial y la garantía de verdad), el acceso universal a la educación, la salud y las pensiones como derechos fundamentales, la adaptación al cambio climático, una reforma judicial profunda con fortalecimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), y una revisión integral de la política antidrogas.
También se plantea un reordenamiento territorial que garantice mayor autonomía regional y un desarrollo económico y social equitativo.
Estos temas han sido históricamente ignorados o minimizados por el Congreso, y es por esto que el presidente insiste en que debe ser el pueblo quien, a través de mecanismos constitucionales, lidere los cambios estructurales necesarios.
Oposición bloquea la voluntad del pueblo
A pesar de que muchos juristas y políticos insisten en que la Constitución vigente es suficientemente amplia para ejecutar reformas, la realidad política ha demostrado que la voluntad de cambio es sistemáticamente frenada.
El Congreso, con amplios poderes de bloqueo otorgados por la propia Carta del 91, se ha convertido en una muralla contra los intereses del pueblo, priorizando intereses partidistas y económicos sobre el bien común.
La oposición ha centrado sus críticas no en el contenido de las reformas ni en el bienestar ciudadano, sino en cuestionamientos jurídicos de forma, deslegitimando cualquier posibilidad de transformación estructural.
Oposición le teme a las reformas no al mecanismo
El verdadero temor no radica en una constituyente, ya que muchos de ellos las han propuesto en el pasado reciente – le temen al cumplimiento real de las reformas exigidas por la población.
La defensa de los privilegios actuales es el eje de una oposición que actúa con autoritarismo al bloquear cualquier avance desde su posición de poder.
La oposición se ha dedicado a atacar tanto al mensajero como al mecanismo —a pesar de haberlo propuesto ellos mismos en un pasado reciente—, sin lograr exponer la incapacidad histórica del Congreso para reformarse para que no sea necesaria una constituyente sobre temas que el propio Congreso no ha logrado abordar. Además, ocultan que son ellos mismos el obstáculo ‘legal’ que impide avanzar en dichas reformas.
La crítica más ácida proviene del señalamiento de la supuesta intención dictatorial del presidente.
Se le acusa de autoritarismo por presionar al Congreso a cumplir con el mandato popular y de querer manipular el orden institucional, mientras ignoran que los mecanismos que propone están dentro de los márgenes constitucionales.
En lugar de debatir el fondo de las propuestas —la justicia social, el acceso a derechos, la equidad territorial—, se recurre a la desinformación, el miedo y la demonización del proceso.
El pueblo, como constituyente primario, tiene no solo el derecho, sino el deber de intervenir cuando las instituciones fallan. Es hora de que Colombia deje atrás el miedo a cambiar y se abra a un nuevo ciclo democrático donde los derechos, y no los privilegios, sean el centro de la vida institucional.
¿Por qué la oposición no propone una agenda legislativa para sacar adelante estas iniciativas populares y deja de bloquear las reformas sociales que el país necesita y exige con urgencia?
