En un giro político de gran calado, el presidente Gustavo Petro anunció que acudirá a la figura de la Consulta Popular, mecanismo contemplado en la Constitución Nacional, como salida democrática frente a la sistemática imposibilidad de aprobar la reforma laboral en el Congreso.
Esta decisión se produce luego de repetidos bloqueos legislativos, en los que se destaca el accionar del actual presidente del Senado, Efrain Cepeda, quien sin pudor alguno se ha autodenominado como el jefe de la banda que va a tumbar todas las reformas.
Así, el sabotaje institucional por parte de la vieja clase política ha obligado al gobierno a acudir directamente a la ciudadanía, buscando romper el cerco de élites que se niegan a avanzar en la conquista de derechos laborales para millones de colombianos.
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La reforma laboral propuesta busca corregir décadas de precarización en las condiciones de trabajo, especialmente tras las modificaciones regresivas aprobadas durante el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Estas reformas anteriores flexibilizaron contratos, redujeron el pago de recargos nocturnos y dominicales, y profundizaron la informalidad, generando una clase trabajadora empobrecida y desprotegida.
El llamado de Petro a una Consulta Popular no es un acto caprichoso, sino un intento por devolverle a la ciudadanía la voz que los poderes legislativos han querido silenciar.
En este contexto, sorprendió el pronunciamiento del exvicepresidente y senador Humberto de la Calle, una figura liberal que ha gozado de cierto prestigio por su papel en la firma de los Acuerdos de Paz con las FARC, pero que ahora parece alinearse con el uribismo en un llamado inverosímil a “salvar la democracia”.
En una publicación en la red social X, De la Calle le pidió a Álvaro Uribe Vélez “unión de los demócratas” frente a lo que califica como una “arremetida inconstitucional” por parte del gobierno del Pacto Histórico.
Irónicamente, esta declaración proviene de quien alguna vez defendió el voto popular como mecanismo legítimo para destrabar temas de interés nacional.
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La reacción en redes sociales fue inmediata y contundente. Ciudadanos de todo el espectro político expresaron su indignación ante lo que consideran un acto de cinismo.
¿Unión con Uribe para frenar la consulta popular?
¿Con el mismo que violó la constitución para reelegirse y que hoy es investigado por vínculos con estructuras paramilitares?,
Preguntan usuarios en X (antes Twitter). Otros señalan que este tipo de alianzas muestran el verdadero temor de las élites: que el pueblo pueda decidir sobre sus derechos mediante mecanismos democráticos.
La pregunta que queda flotando es: ¿por qué temerle a la expresión directa del pueblo?
Si tan seguros están los opositores de que la mayoría rechaza la reforma laboral, deberían entonces celebrar la Consulta Popular como un ejercicio genuinamente democrático.
Pero lo cierto es que el pánico a perder privilegios acumulados durante décadas de control político parece ser el verdadero motor de la resistencia.
Lo que está en juego no es solo una reforma, sino la capacidad del pueblo colombiano de decidir sobre su futuro.
Petro ha optado por darle la palabra al pueblo en medio de un Congreso capturado por intereses corporativos y clientelistas. La vieja clase política, por su parte, se atrinchera en un discurso de “defensa de la democracia” que encubre su temor a la democracia real: la de la gente en las urnas.
Esta coyuntura histórica definirá si Colombia sigue siendo gobernada por una minoría poderosa o si abre paso a una democracia más participativa y justa.
La Consulta Popular no es un “golpe de Estado”, como lo afirman algunos. Es, por el contrario, un acto de confianza en el pueblo que durante décadas ha sido marginado de las decisiones que más le afectan.
