Ana Bejarano, reconocida abogada y columnista, ha defendido públicamente su participación en la demanda que busca “democratizar el acceso a internet sin restricciones”, una iniciativa presentada contra los planes prepago que permitían el uso gratuito de algunas aplicaciones de Meta (como Facebook y WhatsApp) sin descontar datos del saldo del usuario.
En su discurso, Bejarano sostiene que no necesariamente subirán las tarifas tras la sentencia que obliga a los operadores a eliminar esos beneficios diferenciados.
Sin embargo, esta afirmación se equivoca de cabo a rabo y desconoce, o ignora estratégicamente, las consecuencias prácticas para millones de colombianos que hoy viven al límite económico.
Lo primero que Ana parece pasar por alto —al menos en sus intervenciones públicas— es que esta iniciativa de ofrecer acceso gratuito a ciertas aplicaciones no provino de los operadores móviles, sino de Meta, en el marco del programa internet.org.
Este programa fue diseñado específicamente para ampliar el acceso a herramientas básicas de conectividad a poblaciones de bajos ingresos. Los operadores, por su parte, simplemente habilitaron técnicamente esta posibilidad, sin que eso implicara un subsidio desde su modelo de negocio tradicional.
Es decir, el plan de «internet gratis» no era una estrategia de mercado de Claro, Tigo o Movistar, sino una alianza con Meta.
Segundo, Bejarano parece confiar en que el mercado encontrará una forma de mantener esos beneficios sin alterar el costo para los usuarios. Lo cierto es que, en la práctica, la mayoría de competidores de Meta no incluyen el consumo de sus aplicaciones sin descontar datos.
Por una razón clara: no pueden costearlo. WhatsApp y Facebook son plataformas dominantes porque concentran la mayor parte del tráfico de mensajería y redes sociales. Permitir su uso sin descontar del saldo se justificaba comercialmente y estratégicamente.
Eliminar ese trato diferencial, bajo la bandera de la neutralidad de red, puede sonar muy bien en teoría, pero en la práctica significa eliminar uno de los pocos canales de comunicación gratuitos para millones de colombianos.
Ana también menciona que en otros países, incluso en Colombia con operadores como Movistar, se ofrecen planes con más aplicaciones de navegación ilimitada.
Eso es cierto. Pero lo que no dice —y probablemente sabe— es que esos planes tienen un precio más alto. No son parte de los paquetes prepago más básicos.
En otras palabras, el acceso gratuito y sin consumo de datos a WhatsApp y Facebook no era la norma para todos los planes, sino una alternativa específica para quienes no pueden pagar más. La limitación de apps incluidas en estos planes responde al valor que el usuario puede pagar. Ni más ni menos.
El mayor error de Ana Bejarano, sin embargo, es de perspectiva.
Desde una posición privilegiada —académica, económica y social— se le hace fácil hablar de derechos y acceso igualitario a internet sin reparar en la realidad concreta de la mayoría de usuarios prepago en Colombia.
Muchos de ellos no pueden pagar más de $3.000 o $5.000 por una recarga que les permita enviar mensajes, revisar noticias o comunicarse con sus familias. Para esas personas, el acceso gratuito a algunas apps no era una trampa ni una estrategia anticompetitiva: era una bendición.
Y ahora, por cuenta de una demanda presentada en nombre de una supuesta “neutralidad de red”, esas personas tendrán que comenzar a pagar por lo que antes era gratis.
Así que desde estas páginas sólo podemos decir: gracias por nada, Ana. No hace falta ser jurista ni haber leído el fallo completo para entender que esta decisión, aunque pueda ser jurídicamente elegante, es socialmente devastadora.
Basta con sentido común y conocer cómo nació internet.org para saber que quienes más pierden con su eliminación no son las grandes tecnológicas, sino las familias vulnerables de Colombia.
