Aunque es improbable que Colombia se vea sometida a un régimen tiránico de tendencia izquierdista, como algunos sectores de la oposición insinúan al comparar la situación con la de países como Venezuela, la preocupación de estos grupos parece girar más en torno a generar miedo que a hechos concretos.
En efecto, hasta la fecha, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha demostrado un compromiso con las formas democráticas y ha actuado dentro del marco constitucional, incluso frente a un ambiente político adverso, plagado de obstáculos, sabotajes y campañas de desinformación que buscan impedir que el proyecto de cambio por el que fue elegido pueda concretarse.
Desde su llegada al poder, Petro ha tenido que enfrentar no solo las resistencias institucionales propias del sistema de pesos y contrapesos, sino también una oposición política que ha adoptado una actitud poco colaborativa, que muchas veces roza con la deslegitimación sistemática de cualquier acción del Ejecutivo.
Esto no es en sí mismo antidemocrático —la crítica y el control político son parte fundamental de cualquier democracia—, pero cuando dicha oposición se niega a reconocer la legitimidad del mandato popular que eligió al actual gobierno, y actúa con el único propósito de obstaculizarlo por completo, se convierte en un peligro para la estabilidad del país.
Paradójicamente, quienes alertan sobre una supuesta deriva autoritaria del gobierno Petro son quienes más han contribuido a generar un clima de polarización y crispación política.
Hasta ahora no motivos para preocuparse
Lo cierto es que hasta ahora no existen indicios reales de que Petro haya intentado vulnerar las garantías de la oposición, restringir la libertad de prensa o concentrar poderes por fuera del orden institucional.
Por el contrario, ha sido un presidente que ha gobernado en medio de una constante oposición mediática, parlamentaria y empresarial, sin recurrir a mecanismos autoritarios.
De llegar a producirse una radicalización del gobierno —algo en que, insistimos, no ha sucedido y resulta improbable con base en el comportamiento hasta ahora demostrado—, dicha situación no podría entenderse sin analizar el papel que ha jugado la oposición en empujar al gobierno hacia los márgenes del sistema.
La negativa persistente de sectores conservadores y neoliberales a aceptar el resultado electoral, su renuencia a permitir el mínimo margen de gobernabilidad, y su estrategia de obstaculización permanente, podrían terminar llevando al gobierno a adoptar una postura más confrontativa, aunque aún dentro de los marcos legales.
El presidente Petro llegó al poder con una promesa clara
Liderar un proceso de cambio social y económico que atendiera las demandas históricas de millones de colombianos excluidos del desarrollo. Ese mandato implica reformas profundas en temas como salud, educación, pensiones, justicia social, redistribución de la tierra y transición energética.
Estas reformas no son caprichos personales ni experimentos ideológicos; son respuestas a necesidades estructurales acumuladas durante décadas por gobiernos que ignoraron las voces populares y privilegiaron intereses minoritarios.
Si el gobierno recurre a herramientas como movilización ciudadana, plebiscitos, o uso intensivo de sus facultades constitucionales, no lo hará por voluntad autoritaria, sino por necesidad política y responsabilidad democrática.
Será para romper la inercia de un sistema que se resiste a transformarse.
En ese contexto, es la oposición quien tiene la responsabilidad histórica de comportarse con altura democrática: permitir que el gobierno elegido ejecute, vigilar su cumplimiento, criticar con fundamentos, y, llegado el momento, volver a competir en las urnas.
En suma, lo verdaderamente peligroso para la democracia colombiana no es el gobierno actual, que hasta ahora ha respetado las reglas del juego. Lo preocupante sería que, por una oposición negacionista y obstruccionista, se impida el ejercicio legítimo del poder popular.
En una democracia sana, los ganadores gobiernan y los perdedores se preparan para la próxima contienda, no para sabotear el presente. ¿Qué democracia se construye, si no se permite gobernar al que ganó?
