La oposición al llamado “impuesto de seguridad” no debe ser un fin en sí mismo, sino el primer paso en un esfuerzo mucho mayor: la construcción de soluciones reales y eficaces para enfrentar la crisis de seguridad en nuestras ciudades.
No basta con denunciar la injusticia de cargar a la ciudadanía con un impuesto que en muchos casos solo beneficia a sectores privilegiados o alimenta estructuras ineficaces.
Es necesario presentar alternativas viables que refuercen la seguridad sin caer en el peligroso juego de la privatización o en la trampa de las falsas soluciones promovidas por sectores ultraconservadores.
Los enemigos del impuesto a la seguridad tienen la obligación de ir más allá del discurso opositor.
No pueden limitarse a criticar el impuesto de seguridad y luego asumir un papel de víctimas cuando la extrema derecha los acusa, sin fundamentos, de ser enemigos de la seguridad.
Hacerlo es quedarse en la superficie del problema y permitir que el debate público sea dominado por narrativas simplistas que reducen la seguridad a un asunto de mano dura, dejando de lado los factores estructurales que la determinan.
El desafío para quienes defienden una visión integral de la seguridad es demostrar que se puede garantizar la tranquilidad de la ciudadanía sin recurrir a estrategias que solo refuerzan la desigualdad y la exclusión.
No se puede permitir que la seguridad sea un negocio privado de grupos de extrema derecha, pues la experiencia ha demostrado que estos terminan siendo incluso más peligrosos que la misma delincuencia que dicen combatir.
Cuando la seguridad se mercantiliza y se delega a actores privados con intereses particulares, el resultado suele ser un sistema paralelo de represión que opera al margen del Estado, sin controles democráticos y con graves riesgos de abuso de poder.
Para mejorar la seguridad en nuestras ciudades, se requiere un enfoque integral que combine prevención, intervención policial efectiva y una justicia más eficiente.
Le puede interesar: Alerta Santandereanos: ¿Un nuevo impuesto a la seguridad o un nuevo negocio del Clan Díaz Mateus?
No basta con aumentar la presencia policial sin atacar las raíces del problema: la pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión social y la impunidad.
Un enfoque integral debe apostar por la inversión en educación, empleo y programas de rehabilitación que reduzcan los incentivos para que los jóvenes caigan en redes criminales.
Asimismo, es fundamental fortalecer las instituciones públicas encargadas de la seguridad. Esto implica mejorar las condiciones de trabajo de los cuerpos policiales, garantizar su formación en derechos humanos y desarrollar estrategias de proximidad con la comunidad para generar confianza.
También se deben implementar mecanismos de supervisión para evitar abusos y corrupción dentro de las fuerzas de seguridad, pues estos fenómenos sólo contribuyen a deteriorar la relación entre la ciudadanía y el Estado.
Privatizar la seguridad no es la solución
Las políticas de seguridad no pueden depender de soluciones privatizadas, como las cooperativas de seguridad, que solo agravan el problema al generar grupos armados con lealtades difusas y una agenda propia. La seguridad es un derecho ciudadano y una responsabilidad del Estado, no un negocio para sectores privilegiados.
Los opositores al impuesto deben asumir con seriedad el reto de la seguridad ciudadana. No basta con rechazar impuestos injustos o criticar la ineficiencia del gobierno; es necesario ofrecer soluciones concretas, sustentadas en evidencia y comprometidas con los principios de equidad y justicia social.
De lo contrario, la crítica sin propuesta se convierte en mero oportunismo político, y la ciudadanía quedará a merced de quienes usan el miedo como herramienta para imponer su agenda.
