Lo que se vio en estos días con la intención de un grupo de senadores de archivar la propuesta de reforma laboral es solo un último capítulo de todo un esfuerzo de un sector político del país de frenar las iniciativas presentadas por el gobierno de Gustavo Pero de garantizar derechos a la población.
Esto no es un simple ejemplo de odio o animadversión hacia el gobierno de Petro o hacia el presidente mismo por parte de algunos políticos, o un ejercicio de control político esencial como parte del ejercicio democrático, o un esfuerzo de equilibrio de poder de la rama legislativa del Estado, en realidad es más una estrategia política que busca impedir que el primer gobierno progresista pueda mostrar resultados en materia de reivindicaciones de derechos.
Y no es una teoría de conspiración o un desvarío desesperado de fanáticos políticos, es constatar como una reforma que había avanzado en su discusión en la Cámara de Representantes pretende ser archivada sin ningún tipo de revisión o análisis en el Senado, en un claro esfuerzo para evitar que medidas que van a redundar en beneficio para amplios sectores de la población vulnerable del país puedan ser mínimo debatidas.
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Esto además ha sucedido con otras propuestas en el congreso y en el poder judicial, lo que ha significado el freno de esfuerzos políticos del gobierno para realizar acciones que beneficien a grandes sectores de la población.
Y esa estrategia también tiene un componente mediático, donde hay medios de comunicación con una velada inclinación política e ideológica, que desarrollan un esfuerzo por difundir notas y publicaciones para confundir y minar la credibilidad y la confianza hacia el gobierno nacional.
Esta estrategia política además pretende que en el proceso electoral que se avecina los partidos y organizaciones políticas progresistas no puedan seguir creciendo en términos electorales, evitando su fortalecimiento en el congreso de la república, así como la posibilidad de ocupar la presidencia.
Sectores políticos, económicos y sociales ven con cada vez mayor preocupación el crecimiento y consolidación de sectores progresistas en la política nacional, con su correspondiente representación en las diferentes ramas e instituciones del poder público del país, como en el congreso, fiscalía o presidencia.
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La reacción ante el progresismo ha sido esta estrategia de socavación, debilitamiento, difamación y tergiversación, para debilitar su credibilidad y capacidad electoral, desde diferentes partidos políticos, organizaciones gremiales y medios de comunicación.
El control del poder de las ramas del Estado es el objetivo de la disputa, la dirección del ejecutivo, el congreso y las altas cortes, lo que es un juego político que no siempre se resuelve víadiscusión y debate, sino al que se suman otros tipos de acciones más soterradas y no democráticas.
En este contexto es la ciudadanía la que debe analizar la situación y sacar sus propias conclusiones de lo que sucede, decidiendo por lo que realmente le beneficia, las propuestas y reformas que le ayuden a mejorar su calidad de vida, mas allá de las mentiras y difamaciones que buscan confundir para que las cosas no cambien en beneficio social.
Se aproximan elecciones y lo que se juega es la orientación del Estado y de sus decisiones y acciones en los próximos años.
