La política de seguridad que muchos alcaldes de las principales ciudades de Colombia prometieron durante sus campañas parece haber quedado en el olvido.
En ciudades como Bucaramanga, Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes, dejando a la ciudadanía sumida en el miedo y la incertidumbre.
Durante las elecciones, basaron gran parte de su discurso en la promesa de devolver la seguridad a las calles.
Con frases efectistas y duras críticas al gobierno nacional, lograron captar la atención del electorado, haciéndoles creer que su llegada al poder significaría un cambio radical en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, la realidad ha sido completamente distinta.
Resulta paradójico que la mayoría de estos alcaldes pertenecen a partidos de oposición al gobierno central y, además, provienen de sectores políticos con graves antecedentes de corrupción, vínculos con el narcotráfico y la parapolítica.
Mientras el gobierno nacional ha adelantado importantes operativos contra el crimen organizado, el narcotráfico y las bandas criminales, las administraciones locales han mostrado una preocupante pasividad, cuando no una evidente complicidad con los grupos delincuenciales.
Por qué a los alcaldes y gobernadores les está quedando grande el tema de la seguridad en sus territorios? El presidente y este gobierno ya ha hecho su parte en devolvernos un país con crecimiento económico, la gente trabajando, control de la inflación y dólar estable; salvo…
— Físico Impuro (@FisicoImpuro) February 11, 2025
El problema radica en que los alcaldes son la primera autoridad civil y de policía en sus respectivas ciudades.
Esto significa que sobre sus hombros recae la responsabilidad de garantizar el orden público y diseñar estrategias efectivas para combatir la criminalidad.
No obstante, en lugar de asumir este rol con compromiso, han optado por eludir su deber y desviar la culpa hacia el gobierno nacional, evadiendo su responsabilidad en la crisis de seguridad que enfrentan sus ciudades.
Los ciudadanos, por su parte, son los que sufren las consecuencias de esta incompetencia.
Los comerciantes enfrentan a diario el flagelo de la extorsión, obligados a pagar cuotas a bandas criminales para poder operar sin temor a represalias. Las familias viven con el temor constante de que sus hijos caigan en manos del microtráfico, un negocio que se ha expandido sin control en los barrios.
Las calles se han convertido en territorios dominados por el hampa, donde los robos, homicidios y enfrentamientos entre grupos armados son el pan de cada día.
La falta de liderazgo y determinación de estos alcaldes ha permitido que la inseguridad se salga de control.
Mientras el gobierno nacional realiza esfuerzos para desmantelar estructuras criminales y fortalecer las fuerzas de seguridad, en las capitales no se ve una articulación eficiente de estos esfuerzos con políticas locales.
La falta de inversión en tecnología, la ausencia de estrategias efectivas de prevención del delito y la incapacidad para coordinar acciones con la Policía y la Fiscalía han dejado a la ciudadanía en una situación de completa vulnerabilidad.
Además, en algunas ciudades se han evidenciado escándalos de corrupción que involucran a altos funcionarios de las administraciones locales, quienes, en lugar de destinar los recursos a mejorar la seguridad, han permitido que estos terminen en manos de mafias y contratistas inescrupulosos.
Esto solo agrava la crisis y genera un círculo vicioso donde la impunidad se convierte en la norma.
Muchos alcaldes de oposición gritan !Seguridad! Buscando apoyo popular y descrédito del gobierno nacional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2024
El gobierno nacional viene en lucha abierta desmantelando bandas
Pero lo que encontramos es que algunos alcaldes, se abrazan con las bandas delincuenciales.
Siguen el eco… pic.twitter.com/rWKstIbJV2
Alcaldes a responder por la seguridad
Es urgente que los alcaldes asuman su responsabilidad y dejen de utilizar el discurso de oposición para justificar su inacción. La seguridad ciudadana no puede ser un tema de disputa política, sino una prioridad que debe abordarse con seriedad y compromiso. Los ciudadanos exigen soluciones reales, no excusas ni falsas promesas.
Si estos mandatarios continúan ignorando la problemática y negándose a actuar con firmeza, la crisis de inseguridad seguirá en ascenso, afectando no solo a la población, sino también al desarrollo económico y social de las ciudades.
La delincuencia no se combate con discursos populistas ni con señalamientos al gobierno central, sino con acciones concretas y una verdadera voluntad política de recuperar la tranquilidad en las calles.
Este año será determinante para evaluar si estos alcaldes cumplen con su deber o si, por el contrario, terminan dejando un legado de violencia, impunidad y desesperanza.
La ciudadanía, cansada de promesas incumplidas, espera resultados y no excusas. La seguridad es un derecho fundamental que no puede seguir siendo ignorado por quienes juraron proteger a sus habitantes.
