El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha sido objeto de fuertes críticas por parte de diversos sectores, especialmente en lo que respecta a su falta de coherencia en la gestión del impuesto predial y su enfoque en temas políticos nacionales mientras la administración local enfrenta desafíos sin resolver.
Una de las principales controversias radica en la contradicción entre su postura como concejal y sus acciones como alcalde.
Durante su periodo como concejal, Beltrán se mostraba como un ferviente defensor de los ciudadanos y exigía un descuento del 30% en el impuesto predial.
Este discurso populista le permitió ganarse el favor de muchos electores que veían en él un político cercano y comprometido con sus necesidades económicas.
Sin embargo, una vez en el cargo de alcalde, su propuesta inicial de descuento fue del 10%, lo que generó descontento y acusaciones de haber traicionado su propia narrativa.
Ante la presión ejercida por el Concejo de Bucaramanga, finalmente el descuento se incrementó al 13%, pero este cambio no fue suficiente para acallar las críticas de quienes lo acusan de haber reducido significativamente sus exigencias una vez obtuvo el poder.
Para muchos, esta situación evidencia una estrategia política oportunista, en la que Beltrán habría utilizado el descontento ciudadano para ganar votos sin la intención real de cumplir sus promesas.
Además de la controversia sobre el impuesto predial, el alcalde ha sido señalado por su aparente falta de atención a los problemas de Bucaramanga, mientras dedica tiempo y recursos a intervenir en asuntos de índole nacional.
Según denuncias del concejal Diego Lozada, Beltrán se ha dedicado a ejercer politiquería, presentándose como una figura de control sobre problemáticas nacionales, en lugar de enfocarse en los retos que enfrenta la capital santandereana.
Esta actitud ha llevado a cuestionamientos sobre su verdadera prioridad:
¿Está Beltrán gobernando para Bucaramanga o para su imagen política a nivel nacional?
Uno de los aspectos más preocupantes en su gestión es el incumplimiento de compromisos financieros clave. En 2023, el Concejo de Bucaramanga aprobó vigencias futuras para garantizar el cumplimiento del Convenio 115 de 2024, que implica una inversión de 1.200 millones de pesos con el INPEC Colombia.
No obstante, según lo denunciado por Lozada, hasta la fecha estos pagos no se han realizado en su totalidad, lo que genera incertidumbre sobre la gestión administrativa de Beltrán y su capacidad para ejecutar los recursos de manera eficiente.
Esta falta de diligencia en la ejecución de los presupuestos asignados, sumada a su inclinación por intervenir en asuntos nacionales, ha llevado a que muchos ciudadanos y líderes políticos le pregunten directamente:
«¿Por qué no se concentra primero en Bucaramanga y luego sí nos da su opinión nacional?».
La preocupación radica en que, mientras el alcalde busca proyectarse como una figura de alcance nacional, la ciudad sigue enfrentando problemas estructurales como el deterioro de la infraestructura, la inseguridad y la falta de inversiones estratégicas.
Finalmente, Jaime Andrés Beltrán enfrenta un creciente descontento por la incongruencia entre su discurso como concejal y su gestión como alcalde, así como por su aparente falta de compromiso con las problemáticas locales.
Su enfoque en asuntos políticos de ámbito nacional, mientras Bucaramanga lidia con dificultades administrativas y presupuestarias, pone en entredicho su liderazgo y plantea serios cuestionamientos sobre su verdadera prioridad como mandatario.
Sí Beltrán no rectifica el rumbo y atiende de manera efectiva las necesidades de la ciudad, su imagen podría deteriorarse aún más, afectando no solo su actual administración sino también sus aspiraciones políticas futuras.
