La situación que se vive con el nuevo gobierno de Trump y su alianza con el empresariado refleja un panorama sombrío que combina factores económicos, sociales y políticos, configurando una crisis multidimensional.
Las recientes órdenes ejecutivas del gobierno, que incluyen un gravamen del 25% a las importaciones de alimentos de países como México, están destinadas a afectar directamente el bolsillo de las familias. Este impuesto no solo encarece productos básicos, sino que también exacerba la ya frágil estabilidad económica de las clases trabajadoras y medias.
La dependencia de alimentos importados en muchos países hace que este tipo de medidas golpeen con mayor dureza a los sectores más vulnerables, quienes dedican una proporción significativa de sus ingresos a la compra de alimentos.
A esta problemática se suma la restricción de entrada para los trabajadores agrícolas inmigrantes, un sector históricamente clave para la agricultura y la economía en general.
Estos trabajadores, a menudo provenientes de países en desarrollo, han sostenido las cosechas que los locales han rechazado por considerarlas mal remuneradas o arduas.
La ausencia de la fuerza laboral inmigrante en los campos
La ausencia de esta fuerza laboral no solo pone en peligro la producción agrícola, sino que también amenaza con desabastecimiento de alimentos y un aumento generalizado de precios. El impacto se sentirá especialmente en los sectores urbanos, donde la mayoría depende de productos agrícolas asequibles para su subsistencia.
En paralelo, las políticas fiscales que buscan beneficiar a los grandes empresarios a costa de la clase media y los menos favorecidos agravan la desigualdad.
El recorte de subsidios en educación y salud crea barreras adicionales para los sectores más pobres, quienes pierden oportunidades de movilidad social. La educación y la salud no solo son derechos fundamentales, sino también pilares del desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades. Sin acceso a estos servicios, la población marginada queda atrapada en un círculo vicioso de pobreza y exclusión.
Dictadura del empresariado
Algunos analistas han comenzado a describir este fenómeno como una “dictadura del empresariado”, donde los intereses de un grupo reducido de élites económicas prevalecen sobre el bienestar colectivo.
Esta tendencia se ve reforzada por la creciente concentración de poder en manos de grandes conglomerados que no solo controlan la economía, sino también los medios de comunicación, las instituciones religiosas y las plataformas digitales.
La manipulación de estos canales les permite imponer una narrativa que combina retórica nacionalista, populista y autoritaria, con tintes fascistas. Este discurso, que apela a la defensa de valores tradicionales y la seguridad nacional, busca dividir a la población mediante el fomento de la xenofobia, la homofobia y el rechazo a la diversidad cultural.
El impacto de estas políticas se manifiesta en una erosión de las libertades individuales y colectivas.
La promoción de un nacionalismo excluyente desplaza los principios democráticos y pluralistas, sustituyéndolos por una cultura de intolerancia y desconfianza hacia lo diferente.
Las voces críticas son silenciadas mediante el control de los medios y la censura en redes sociales, mientras se promueve una visión homogénea y acrítica de la realidad.
Este tipo de régimen utiliza la religión y otros instrumentos de cohesión social para legitimar su dominio, enmascarando la concentración de poder bajo un discurso de protección y salvaguarda de los valores patrios.
La combinación de estas políticas tiene un efecto devastador en el tejido social.
La polarización aumenta, las desigualdades se profundizan y el futuro parece sombrío para las generaciones venideras. La falta de acceso a oportunidades, sumada a la represión de las libertades, empuja a muchos a la desesperación, generando un caldo de cultivo para conflictos sociales y el incremento de tensiones en todos los niveles.
Es imprescindible que la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y los líderes comunitarios se unan para resistir estas medidas y proponer alternativas más inclusivas y sostenibles.
Solo mediante la construcción de un frente común basado en los principios de justicia social, derechos humanos y solidaridad, será posible enfrentar esta deriva autoritaria. El desafío es enorme, pero la historia ha demostrado que la resistencia colectiva puede generar cambios significativos incluso en los contextos más adversos.
