Carolina Corcho critica que se está intentando transformar el país en un «Estado de Opinión«, donde se utiliza un chantaje emocional con la vida de los pacientes para crear una matriz de opinión que presione de manera extorsiva a los colombianos.
Según Corcho, el manejo del tema de la salud en la opinión pública es profundamente preocupante. No se trata de las opiniones en los grandes medios o de los egos de algunos, sino de las serias denuncias de corrupción que están respaldadas por evidencias y datos no refutados.
Esta presión se usa para obtener más recursos públicos sin tener que responder por las denuncias de corrupción, así como por el manejo irregular y discrecional de esos recursos.
Denuncias de corrupción en el sector de la salud
En este contexto, Corcho señala que las denuncias de corrupción en el sector de la salud son fundamentales y no deben ser desestimadas, ya que afectan directamente el bienestar de la población y la gestión de los fondos públicos destinados a la salud
Para Carolina Corcho, argumentar que los pacientes morirán si no se cumplen las demandas de ciertos grupos influyentes en la prensa, es una táctica que raya en lo delictivo.
Corcho señala que los colombianos entregarán más de 95 billones de pesos a las EPS de manera anticipada, y por ley, estas organizaciones deben garantizar la atención de los pacientes.
No cumplir con esta obligación no solo atenta contra la vida, sino que también viola un derecho constitucionalmente protegido y constituye una defraudación al Estado. Corcho critica la matriz de opinión que se está creando, afirmando que dicha presión no justifica ni legitima la vulneración del derecho a la salud de los colombianos.
Su preocupación radica en que esta estrategia de opinión pública se utiliza para evadir responsabilidades y manipular la percepción sobre la gestión y la ética en el manejo de los recursos destinados a la salud.
Resulta muy preocupante el manejo que se le está dando al tema de la salud en la opinión pública. El problema aquí no es lo que opinen unos en los grandes medios, ni tampoco los “egos”. Es que hay serias denuncias de corrupción, documentadas con evidencias y datos que no han sido… https://t.co/9yQp6VaLW1
— Carolina Corcho (@carolinacorcho) January 14, 2025
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Según Carolina Corcho, las negaciones de servicios de salud, de continuar, deben llevar a que los organismos de control y los jueces actúen para proteger a los ciudadanos. Corcho desmiente la afirmación de Acemi sobre un déficit de 10 billones de pesos, clasificándolos de mentiras sin fundamento, ya que no se ha refutado ningún párrafo de los informes gubernamentales que se basan en datos del sector.
Ella enfatiza que Colombia es un Estado de Derecho donde debe prevalecer la racionalidad y la evidencia sobre una «comentocracia» impulsada por grupos con intereses particulares. Corcho sugiere que esta narrativa se utiliza para ocultar un posible saqueo que ha afectado la vida y la dignidad de cientos de miles de ciudadanos.
Su postura subraya la necesidad de una intervención judicial y de control para garantizar que el derecho a la salud no sea comprometido por intereses económicos o políticos.
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Lo particular, según expresa, es que los mismos grupos y personas que alertan y generan pánico entre la ciudadanía sobre la crisis de la salud son precisamente quienes se oponen a la reforma que se ha presentado como solución a dicha crisis.
Esta crisis, se destaca, no es una situación reciente sino estructural, acumulando problemas a lo largo de muchos años sin una solución adecuada. La reforma en cuestión, a la que estos grupos se oponen, se plantea como la respuesta necesaria para abordar y resolver las múltiples deficiencias del sistema de salud en Colombia.
El obstruccionismo que ejercen estos sectores se describe como irracional, ya que, por un lado, señalan la urgencia de una intervención debido a la crisis, pero por otro, bloquean una reforma que pretende rectificar las fallas del sistema.
Esta contradicción sugiere que el interés no está en la resolución de la crisis, sino en mantener el statu quo que, posiblemente, beneficia a ciertos grupos económicos o políticos.
La insistencia en generar alarma sin ofrecer o apoyar soluciones concretas puede interpretarse como una estrategia para preservar los intereses particulares a costa del bienestar general de la población.
Esta situación refleja una lucha entre el interés común y los intereses particulares, donde la reforma de salud se convierte en un campo de batalla ideológico y económico. La reforma, si es efectiva, podría transformar el acceso a la salud y la calidad de los servicios, pero enfrenta resistencia de aquellos que podrían perder poder o beneficios con su implementación.
