La geopolítica contemporánea está marcada por el auge de la extrema derecha en diversas regiones del mundo. Este fenómeno no solo plantea retos sociales, económicos y políticos, sino que también pone en evidencia cómo el discurso dominante se construye y se posiciona para influir en las percepciones populares, muchas veces en detrimento de los derechos colectivos.
Un ejemplo de esta estrategia es la narrativa que asocia la asistencia social gubernamental con el colapso económico, utilizando un paralelismo simplista con las dictaduras comunistas del siglo XX.
Sin embargo, esta retórica esconde un proceso más amplio y preocupante: el avance hacia un modelo que podría describirse como neo-feudalismo, en el que las élites económicas acumulan funciones antes desempeñadas por el Estado, concentrando poder y recursos en detrimento del bienestar general.
El discurso de la extrema derecha sobre la asistencia social
Uno de los pilares de la narrativa ultraconservadora es la demonización de la asistencia social. Políticos y líderes de la extrema derecha han logrado convencer a una parte significativa de la población de que los programas sociales no son una herramienta para garantizar derechos básicos, sino una carga económica insostenible.
Mediante un lenguaje cargado de emociones, se presenta al beneficiario de estas ayudas como alguien “dependiente” o “parásito”, erosionando la solidaridad social y promoviendo la individualización extrema de la responsabilidad económica.
Este discurso simplifica las complejidades económicas, culpando a las políticas redistributivas de los problemas estructurales, mientras ignora o encubre los efectos reales de la desigualdad y la evasión fiscal por parte de las grandes fortunas y corporaciones.
Además, establece una narrativa en la que cualquier intervención estatal en la economía es comparada con los fracasos del comunismo, ignorando que muchos de los países más desarrollados del mundo han logrado altos estándares de vida gracias a un equilibrio entre el libre mercado y sólidos sistemas de bienestar.
La reducción del tamaño del Estado
En paralelo, la extrema derecha impulsa políticas que reducen sistemáticamente el tamaño del Estado, desmantelando servicios públicos esenciales como la educación, la salud y el saneamiento básico.
Esta reducción no responde a una búsqueda de eficiencia, sino a un proceso deliberado de transferencia de funciones públicas hacia el sector privado, donde las élites económicas obtienen beneficios directos.
Hospitales, escuelas y sistemas de agua potable, que antes eran accesibles para toda la población, son privatizados, lo que limita su acceso a quienes puedan pagar por ellos.
La acumulación de poder por parte de unas pocas familias o conglomerados empresariales recuerda al sistema feudal.
En el neo-feudalismo emergente, estas élites actúan como señores feudales modernos: controlan los recursos esenciales y reciben «tributos» a través de tarifas, impuestos indirectos y ganancias de monopolios privados.
El ciudadano común, despojado de derechos básicos, queda atrapado en una relación de dependencia económica, pero esta vez no hacia el Estado, sino hacia corporaciones y multimillonarios que controlan bienes y servicios indispensables para la vida.
Desvío del debate público
La extrema derecha también ha demostrado ser hábil en manipular los intereses electorales. Durante las campañas políticas, temas cruciales como la salud, la educación o la infraestructura básica son relegados a un segundo plano.
En su lugar, se priorizan debates sobre cuestiones religiosas, xenofobia, y restricciones de libertades individuales, presentadas como “valores morales”. Estos temas suelen apelar a las emociones y temores de la población, desviando la atención de los problemas estructurales que un gobierno debería abordar.
Un ejemplo claro de esta estrategia es el uso de la religión como herramienta política. Los partidos de extrema derecha suelen presentar sus programas como defensores de la “moral tradicional” y atacan las políticas progresistas como una amenaza a los valores familiares.
Al hacerlo, refuerzan divisiones sociales, perpetúan la discriminación contra minorías y logran distraer al electorado de problemas urgentes como la precariedad laboral, la falta de acceso a servicios básicos y la crisis ambiental.
La privatización de derechos y la erosión del Estado laico
En este modelo de gobernanza, el Estado laico, que debería garantizar la neutralidad y el respeto a la diversidad de creencias, se debilita. Las políticas públicas comienzan a moldearse según preceptos religiosos o ideológicos promovidos por las élites, restringiendo derechos individuales y colectivos.
Se recortan libertades, como los derechos reproductivos o la igualdad de género, y se imponen narrativas que convierten en “pecado” lo que debería ser una decisión individual.
La reducción del Estado, junto con la privatización de servicios, lleva a una exclusión sistemática de amplios sectores de la población. Por ejemplo, en lugar de garantizar el acceso universal a la educación, se promueven sistemas educativos privados que perpetúan las desigualdades. La salud, en lugar de ser un derecho, se convierte en un lujo.
En este panorama, el ciudadano ya no es tratado como un sujeto de derechos, sino como un consumidor cuya calidad de vida depende de su capacidad de pago.
Hacia un futuro incierto
La expansión de este modelo tiene implicaciones preocupantes para la democracia y la cohesión social. En lugar de fortalecer las instituciones públicas y promover una distribución equitativa de recursos, se avanza hacia una sociedad profundamente desigual, donde las élites controlan no solo la economía, sino también el discurso político y cultural.
La concentración de poder en manos privadas debilita los mecanismos democráticos, ya que las corporaciones y fortunas individuales terminan influyendo de manera desproporcionada en la formulación de políticas públicas.
En última instancia, el desafío radica en revalorizar el papel del Estado como garante de derechos y redistribuidor de recursos.
Esto implica no solo resistir los discursos que demonizan la intervención estatal, sino también construir narrativas que resalten la importancia de los bienes comunes, la solidaridad y el acceso universal a servicios esenciales.
Cómo detener el avance del neo-feudalismo
Para contrarrestar el avance del neo-feudalismo, es crucial que los ciudadanos exijan transparencia, participación y políticas públicas que prioricen el bienestar colectivo por encima de los intereses individuales de las élites.
La situación geopolítica actual, marcada por el ascenso de la extrema derecha, representa un desafío significativo para la justicia social y la democracia.
El discurso que culpa a la asistencia social del colapso económico, mientras se desmantelan las funciones estatales, encubre un proceso más profundo de concentración de poder.
Frente a este panorama, es urgente recuperar el debate sobre los derechos fundamentales y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las necesidades de la ciudadanía, promoviendo un modelo que priorice el bienestar colectivo y la equidad. Solo así será posible construir sociedades más justas, inclusivas y sostenibles.
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