Respetado Senador, su planteamiento de que FECODE se opone por el temor de ser evaluados es falaz e induce una inaceptable estigmatización, simplifica y precariza un debate que es más profundo:
Acaba con la educación de niños y niñas en zonas dispersas, rurales y populares
La enmienda a la ley estatutaria que usted defiende acaba con la educación de niños y niñas en zonas dispersas, rurales y populares, dado que el mecanismo de evaluación por resultados de los estudiantes, no consulta con las desigualdades del país y otras variables que inciden en el aprendizaje de los niños.
Lo que va a generar es un incentivo perverso para que los maestros que enseñan en las zonas apartadas del país, a los niños que padecen la exclusión social y económica, sean reprobados.
Esto es un exabrupto contra la niñez colombiana y la exigencia que debe tener el Estado de aumentar las inversiones en políticas sociales y educativas en las zonas vulnerables.
En la actualidad, existen otros mecanismos de evaluación que no ahondan las desigualdades.
La enmienda no es ninguna reforma a la educación
La enmienda no es ninguna reforma a la educación, de hecho retrocede respecto a los principios básicos constitucionales de lo que debe ser una ley estatutaria, la diferenciación del núcleo esencial de un derecho fundamental que debe estar a cargo del Estado, y los contenidos adyacentes del derecho, como lo es la prestación del servicio público esencial que sí puede ser mixto (público y privado).
En el texto confunden las dos cosas. No pueden legislar ustedes en contra de la Constitución Política.
El Acuerdo Nacional, no puede reducirse al “ vamos juntos sin saber para dónde”
El pacto histórico debe reflexionar que un Acuerdo Nacional, no puede reducirse al “ vamos juntos sin saber para dónde”, ni puede constituir de ninguna manera la manutención de las desigualdades y negación de derechos, ni mucho menos la regresión y retroceso de las conquistas en materia de derechos por parte del pueblo colombiano.
Este proyecto de ley debe ser hundido dada la imposibilidad legislativa de ser modificado y el retroceso que representa en la garantía del derecho a la educación.
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