Durante las últimas décadas, Colombia ha lidiado con el impacto generalizado y devastador de la violencia y la corrupción política, que han alimentado la desigualdad y el malestar en todo el país.
Sus acciones han provocado el desplazamiento de millones de colombianos, ya que comunidades enteras han sido desarraigadas por la fuerza de sus hogares, a menudo para dar paso a lucrativos cultivos de drogas u operaciones mineras controladas por estos grupos.
Las consecuencias de esta violencia y corrupción son de gran alcance.
Colombia tiene una de las tasas más altas de desplazados internos a nivel mundial, con millones de personas que viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios básicos y oportunidades económicas. Además, la atmósfera generalizada de miedo e inseguridad ha obstaculizado la cohesión social y el desarrollo económico, obstaculizando los esfuerzos por construir una sociedad más próspera e inclusiva.
Producto de esta situación insostenible llega al poder el primer gobierno progresista en cabeza de Gustavo Petro y una coalición de fuerzas de centro izquierda que proponen un cambio en la forma de gobernar.
Lo curioso del asunto es que apenas comenzó el gobierno, una fracción de la coalición ganadora encabezó una rebeldía a los principales proyectos de ley del gobierno convirtiéndose en enemigos de las reformas y aliadas valiosas de la ultraderecha opositora.
Así las cosas, un grupo de congresistas pasaron de ser aliadas a saboteadoras de todo lo que proponga el gobierno nacional. El sabotaje por parte del llamado centro político plantea una grave amenaza a los proyectos progresistas que buscan rectificar injusticias históricas.
Según fuentes consultadas la razón principal radica en el afán de posicionar uno o dos nombres para las presidenciales del 2026 y consideran que oponiéndose a todo lo que proponga el gobierno van a crear una tercería que les daría opción de ganar las elecciones
El asunto en cuestión es que, en medio de ese cálculo politiquero, terminaron alineándose con la ultraderecha, defendiendo a las corruptas EPS, atacando las reformas laboral y pensional en su afán de posicionar sus cuadros para las próximas elecciones
Socava la unidad, descarrila iniciativas, daña la credibilidad y perpetúa la desigualdad y la violencia sistémicas.
Para contrarrestar esta amenaza, es esencial que los defensores del cambio permanezcan alerta, aborden los conflictos internos y fortalezcan su compromiso con los objetivos colectivos por encima de las agendas personales.
Sólo mediante un esfuerzo concertado y solidaridad pueden esperar superar los obstáculos planteados por el sabotaje centrista y lograr una transformación social significativa.
La reconciliación, la justicia y las reformas de salud, pensional y laboral siguen siendo fundamentales para fomentar la paz y la estabilidad duraderas en el país, pero lograr estos objetivos requerirá un compromiso de todos.
Sólo a través de la acción colectiva y el diálogo genuino Colombia podrá superar las cicatrices de su tumultuoso pasado y allanar el camino hacia un futuro mejor para todos sus ciudadanos.
A pesar de los importantes esfuerzos para abordar estos desafíos, incluidas las negociaciones de paz y las iniciativas de desarme, el legado de la violencia paramilitar y la corrupción política continúa proyectando una larga sombra sobre Colombia.
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