El 7 de julio de 1929, en una protesta contra el gobierno de Abadía Méndez, quien había permitido la masacre de las bananeras, fue asesinado por la Policía el estudiante de la U. Nacional Gustavo Bravo Páez.
Durante los siguientes 8 de junio los estudiantes marchaban al cementerio para recordarlo.
En 1954, el 8 de junio, cuando la marcha regresaba a la universidad, la Policía irrumpió en el campus y como respuesta a una rechifla asesinó a Uriel Gutiérrez.
Al día siguiente, durante la marcha para protestar contra esta barbarie, el batallón Colombia, cuyos integrantes habían regresado de la Guerra de Corea, disuelve a bala la manifestación, diez estudiantes perecen.
Se inicia el deterioro del apoyo de los partidos al gobierno militar. En los disturbios ocurridos durante el paro cívico del 14 de septiembre de 1977, entre 20 y 30 personas murieron por represión policial.
En los gobiernos controlados o presididos por Uribe las violaciones a los derechos humanos se acrecentaron. Se intensificó la teoría del enemigo interno, quien protesta contra el gobierno.
Ante el asesinato del abogado Ordóñez por la Policía, el 8 de septiembre de 2020, la respuesta del presidente Duque fue felicitar a la Policía por la “gallarda actitud para afrontar este crimen” con ese respaldo; esa noche las balas oficiales mataron a 13 ciudadanos, la mayoría jóvenes, muchos de los cuales no estaban participando en las protestas.
En las marchas que se iniciaron el 28 de abril de 2021 la represión fue igualmente desproporcionada y violenta, como lo corroboran las investigaciones de Naciones Unidas.
Según Indepaz, 83 muertos, un centenar de jóvenes sufrieron lesiones oculares o perdieron la vista, 1.674 detenciones arbitrarias y 3.789 casos de violencia policial.
Hoy no se conoce el destino de muchos de los desaparecidos
La reacción del Gobierno ante el paro, ese sí armado, promovido por el Clan del Golfo, fue de inactividad policial y militar, no hay registro de los enfrentamientos contra esa organización criminal durante esos días.
El hecho más execrable han sido los asesinatos de personas indefensas por miembros del Ejército, se han documentado 6.402.
El entonces comandante supremo del Ejército justificaba estos hechos con frases como “no estaban recogiendo café”, “más que falsos positivos, son falsas denuncias”, “es un complot para desprestigiar al Ejército”.
Las confesiones de soldados y suboficiales que participaron en estas atrocidades no dejan duda, que no se trató de actos individuales de “manzanas podridas”.
Con razón las víctimas y la sociedad piden que se sepa “quién dio la orden”. Como comparación, durante el gobierno de Pinochet, las desapariciones fueron cerca de 3.000, la mitad de los asesinatos fuera de combate durante el gobierno de Uribe.
Es necesario conocer la verdad y diseñar políticas para que esto no se repita, así el Ejército recuperará el lugar que le corresponde, como defensores del país y de sus ciudadanos.
La insistencia de Uribe en evitar que los acusados de estos crímenes fueran juzgados por la JEP y no por sus colegas va en sentido contrario con la necesidad de verdad.
El próximo presidente deberá facilitar el logro de verdad, justicia y reparación.
Una fiscalía dirigida por un fiscal que debe estar al servicio de esta prioridad y no buscando la inimputabilidad de nadie, por poderoso que este sea.
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