En este hilo contaré la historia del “sicariato judicial” en mi contra los hechos por los que me acusa Fiscalía y las irregularidades y violaciones al debido proceso.
¡Justicia debe prevalecer por encima de intereses de quienes convirtieron la fiscalía en aparato criminal!
Se trató de una venta de 80 mil cajas de Aguardiente Nariño, no de un contrato para adquirir un servicio o un bien; se recibió hasta el último peso dinamizando las rentas del Departamento. Contraloría ratificó que no se perdió dinero y que no hubo detrimento patrimonial.
El modelo de venta del aguardiente fue el mismo usado durante más de 12 años atrás, en los gobiernos de Raúl Delgado, Antonio Navarro y Parmenio Cuellar. Un modelo que nunca había sido cuestionado por ningún ente de control.
Entonces ¿Qué fue que lo que pasó?
El problema empezó en 2015 con una disputa entre los licoristas del departamento que siempre se habían asociado para repartirse el negocio, disputa que terminó en ruptura y en la creación de dos empresas distintas.
OLN y LICOSUR. Los que antes habían sido socios, ahora eran competidores y, como es lógico, debía haber un perdedor y un ganador. En el 2016 lo fue la Org de Licoristas de Nariño, mientras que el año anterior habían sido los Licoristas del Sur. Ojo, bajo el mismo modelo de venta.
LICOSUR al quedar por fuera en 2016 emprende una batalla jurídica que muy diligentemente apadrina la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez. A partir de abril de 2017 empieza la investigación que avanzó de manera completamente irregular.
El 2 de octubre de 2017, Néstor Humberto Martínez anunció en rueda de prensa que me imputaría por cinco delitos, entre ellos peculado y revelación de secreto, pero en la imputación no aparecían estos dos delitos, la Fiscalía se los robó, no pudo estructurar su acusación.
La Fiscalía recogió testimonios, pruebas documentales, físicas y tecnológicas con procedimientos irregulares, faltando al debido proceso y sin seguir los protocolos del Código de Procedimiento Penal y presionando testigos para declarar en mi contra.
Así la Fiscalía logró dos principios de oportunidad en mi contra.
Dos testigos que declaran haber participado en hechos irregulares pero que no aportan ni una sola prueba para incriminarme. La Fiscalía los absuelve a cambio de estructurar un relato en el que me vinculen.
La Fiscalía ha dilatado el proceso ante la Corte Suprema de Justicia durante tres años, ocultando un dictamen pericial que desvirtuaba una supuesta prueba en mi contra. De más de 440 mil archivos no usaron ni el 1% como prueba.
Después de interceptar 10 líneas telefónicas y recolectar decenas de miles de registros de audio, la Fiscalía no pudo aportar un solo minuto como prueba para vincularme en los hechos que me imputan. No encontraron nada.
El caso fue llevado ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia donde hemos sido objeto de vulneración al debido proceso. Nos negaron 45% de solicitudes probatorias de defensa, desconociendo mi teoría del caso y, en cambio, aprobaron 98,4% de la pruebas de la Fiscalía.
Las sesiones ante la sala de primera instancia de la Corte Suprema han violado el derecho a la defensa. Después de otorgar más de tres años a la Fiscalía ahora corren contra el tiempo negándonos la posibilidad objetiva de defendernos.
Por esto, hago un llamado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que se reoriente el desarrollo del proceso y que existan garantías básicas. También hago un llamado a organismos internacionales para que pongan la mirada en este caso de sicariato judicial con un claro tinte político.
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Camilo Romero se define a sí mismo como Ciudadano / Papá de Guadalupe y Simón / Precandidato Presidencial del Partido Verde – Gobernador de Nariño, Colombia 2016-2019 / Senador 2010-2014
Fuente: Twitter – Camilo Romero
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