El 24 de agosto del año pasado la desprestigiada Sala Disciplinaria del antiguo Consejo Superior de la Judicatura realizó una audiencia que podría enmarcarse en una escena costumbrista de la picaresca judicial colombiana: tres abogados de lo más granado (“s”) del derecho penal, a saber: Jaime Lombana, Iván Cancino y el advenedizo Diego Cadena representado por Cancino, se enfrentaban a un preso iletrado que asistió a la diligencia —desde la cárcel La Picota— solo, sin defensor, a pesar de que había sido convocado para ser interrogado.
La clásica pelea de tigre con burro amarrado.
Un togado cohonestó, con su presencia silenciosa, el desequilibrio de los derechos del declarante, Juan Guillermo Monsalve. Este hombre se ha hecho conocer por las decenas de testimonios que ha rendido bajo juramento ante la mismísima Corte Suprema en dos de sus salas: la Penal y la de Instrucción, así como en otras instancias.
Pero, a diferencia de otros encarcelados más ilustres que él —y quienes han preferido callar y pagar, con la pérdida de su libertad y honra, las culpas de su patrón—, a Monsalve se le ocurrió confrontar al personaje más poderoso de esta nación creyendo, ingenuo, que estábamos en una democracia plena en que se premia al que revele la verdad o se castiga al que desvíe la justicia sin importar si los culpables de los crímenes son seres anónimos o dirigentes, como acaba de suceder, por ejemplo, en Francia, en donde fue condenado el expresidente Nicolás Sarkozy por tráfico de influencias y por intentar engañar a los jueces comprándose, precisamente, a un magistrado.
En Colombia no veremos la condena a un exmandatario.
Por lo menos, no en esta generación ni en la próxima a la que ya le tienen listos sus presidentes que serán “elegidos” entre los hijos de los que hoy están siendo procesados.
Continuemos: La audiencia de marras terminó como lo habían previsto los interesados: destrozando a Monsalve porque no podía responder, con destreza, las preguntas capciosas que buscaban hacerlo entrar en contradicción.
La respuesta a la pregunta: ¿usted por qué dijo que yo había ido a la cárcel el 21 de febrero siendo que fui el 22?, obviamente no desvirtuaba ninguna realidad de fondo pues solo indicaba que Monsalve confundió un día con el siguiente.
Sin embargo, la diligencia les sirvió a los tres abogados y, ante todo, al cliente que han tenido, en común, dos de ellos, Álvaro Uribe, siendo el tercero un fervoroso seguidor de este, para concluir que el testigo es “un mentiroso”.
Hace pocos días, Monsalve fue llamado, otra vez, a declarar, por la Corte Suprema. En esta ocasión, se trataba de una audiencia reservada en el caso conexo con el de Uribe, en que se investiga al representante Álvaro Hernán Prada.
Pero era un escenario distinto: 1) porque la Corte usualmente garantiza los derechos de los intervinientes. 2) Porque Monsalve contó con la asesoría del penalista Miguel Ángel del Río que, aunque no pertenece al olimpo del derecho, no tiene un pelo de bobo. Como se preveía, la audiencia transcurrió con respeto por el procesado y por el testigo.
Otra cosa sucede en la Fiscalía de Barbosa (hay que repetirlo: escogido por Duque que fue escogido por Uribe, el interesado en que Monsalve sea desacreditado).
Mientras más se acerca la fecha en que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes, tendrá que justificarle al país por qué el señor expresidente no será llamado a juicio, más arrinconan a Monsalve.
En los últimos días este ha recibido varios avisos: de una Fiscalía de Medellín, para notificarle que será citado a declaración en un caso sobre fosas comunes que no tenía avance desde julio del año pasado; del Inpec, para informarle sobre la apertura de un proceso administrativo por las sim cards que le encontraron en su celda hace un año; de una Fiscalía local de Bogotá, que le abre indagación penal por las sim cards a pesar de que no tienen validez porque, en su premura por ayudar al exsenador, al Inpec y al ente investigador se les embolató el rito llamado cadena de custodia; y del despacho de Jaimes, para exigirle que vuelva a testificar sobre lo que ya testificó y validó la Corte.
Como dijo el abogado Del Río, si ese acoso judicial contra Monsalve no es presión, ¿qué puede serlo?
Según el apoderado del testigo, de 68 actos de investigación que el despacho de Jaimes ha ordenado en este proceso, 55 están encaminados a desvirtuar las afirmaciones de Monsalve o las del senador Iván Cepeda, quien también está bajo el fuego de las hostilidades de Barbosa y de la Casa de Nariño.
No son suspicacias producto de la “polarización” política: son hechos.
Y no nos hagamos ilusiones de justicia justa: con Monsalve o sin Monsalve, Uribe Vélez será absuelto por Jaimes-Barbosa-Duque. Desde luego, por él mismo: Me autodeclaro inocente. Comuníquese y cúmplase.
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