Que la gestión de Richard Aguilar frente a la Gobernación de Santander (2012-2015) haya sido objeto de acusaciones de corrupción no es novedoso.
Durante su mandato fueron varias las alertas levantadas por Transparencia por Santander y las denuncias publicadas en Vanguardia sobre licitaciones en las que se evidenciaban posibles direccionamientos, a las que solo llegaba uno o dos proponentes, casi siempre los mismos.
Pero lo que entonces eran signos de alerta se han convertido en acusaciones concretas de la exsecretaria de Infraestructura de Aguilar, Claudia Yaneth Toledo, y su esposo, el contratista Lenin Darío Pardo, quienes han aceptado haber sido parte de una serie de negociaciones ilícitas y que hoy buscan llegar a un acuerdo con la Fiscalía a cambio de revelar los alcances del entramado de corrupción.
En este mismo espacio se publicaron las confesiones sobre los pagos de coimas en la remodelación del estadio Alfonso López en Bucaramanga, pero esta sería solo la punta del iceberg.
La novedad ahora está en las revelaciones que hizo el periodista Juan David Laverde, que en un informe publicado en Caracol Noticias evidenció que dentro de estos beneficiados con licitaciones estaría el hoy representante a la Cámara por el Centro Democrático Edwin Ballesteros.
De acuerdo con la exsecretaria y su esposo, Ballesteros estaría detrás del contrato por el cual se pretendía construir el acueducto regional del río Quiratá, en Landázuri, que garantizaría el acceso a agua potable a 7.064 habitantes.
Este contrato fue firmado el 4 de diciembre de 2015, por la Empresa de Servicios Públicos de Santander, que para esa fecha tenía como gerente al hoy congresista Ballesteros.
El ganador de la licitación fue la Unión Temporal Acueducto Landázuri, representada precisamente por Lenin Pardo. La licitación se adjudicó por 4.346.389.231 pesos y la interventoría por 226.163.112 pesos.
El acueducto debía estar listo en 12 meses.
Según ha dicho Lenin Pardo, a Ballesteros debían entregarle el 15 por ciento del valor de la obra como coima. Le pedí a un experto en contratación pública que analizara el proceso licitatorio y me ayudara a descubrir dónde estaba el direccionamiento.
Esta fue su respuesta: “Se exigen tres contratos para acreditar experiencia, ni más ni menos; si yo tenía un contrato que cumpliera con todo, no podía participar, debían ser tres.
Además, requerían que el proponente acreditara una experiencia del 100 por ciento en metros de instalación y suministro de tubería PVC presión; 100 por ciento en metros cúbicos de excavaciones y 100 por ciento en kilogramos de acero de refuerzo…
Al menos uno de los contratos debía acreditar el suministro e instalación de 20.000 metros lineales de tubería PVC presión, 5.300 metros cúbicos de excavación y 8.800 kilogramos de acero de refuerzo…
Está demostrado que exigir el cumplimiento de cantidades específicas limita la participación de oferentes”. Mejor dicho, requisitos tan específicos solo los podía cumplir un proponente.
Pero hay más:
Los planos del proyecto fueron publicados el jueves 17 de septiembre a las 7:00 p. m., un día hábil antes del cierre, lo cual hacía imposible que alguien presentara una propuesta seria, pues ¿cómo se presenta una propuesta sin poder conocer y estudiar los detalles técnicos que solo se pueden encontrar en los planos? El acueducto inició el 14 de enero de 2016. Ese mismo día, Pardo recibió un anticipo de 1.783 millones de pesos (40 por ciento del contrato) y, sin haber empezado, se pidió una adición de ocho meses.
Pardo entregó a la Justicia chats sostenidos con Ballesteros en septiembre de 2015 (fecha en la que se adelantaba la licitación), en los que el representante le pide a Pardo que “convoque unas 150 personas”, a lo que Pardo responde que solo puede “convocar 100”. Pardo ha dicho que lo que estaba pidiendo Ballesteros en realidad no era reunir personas, sino 150 millones de pesos de la coima pactada.
Edwin Ballesteros aseguró, por medio de su abogado, que este chat ha sido descontextualizado, y que Pardo y Toledo solo buscan desesperadamente un acuerdo, ahora enlodando a Ballesteros. “Ante la Corte Suprema de Justicia, todos los testimonios que se han rendido, salvo el del señor Lenin, han manifestado que en ese contrato del acueducto de Landázuri no solo no hubo ninguna irregularidad, sino que no hubo ninguna coima…
Ellos se ganaron el contrato en franca lid”, afirmó el abogado en entrevista radial. Aseguró que el chat que se presenta como prueba no es más que una solicitud de reunión de personas, en momentos en que tanto Pardo como Ballesteros trabajaban en la campaña de Aguilar al Congreso.
Hoy, seis años después, Landázuri no tiene acueducto. La obra solo se ha ejecutado en un 57,81 por ciento, a pesar de que ya se han desembolsado 3.246.049.136 pesos.
A los tres meses de iniciada la obra, fue suspendida y dicha suspensión se prorrogó en siete ocasiones.
Actualmente, ni siquiera se han terminado de negociar los predios ni se cuenta con todos los premisos de intervención.
Es a la Justicia a quien corresponde determinar quién miente. Pero es urgente que la Fiscalía de Franciso Barbosa desentrañe lo que ha pasado en Santander.
Según lo dicho por Toledo y Lenin, son más los personajes que fueron parte de este entramado de corrupción. En los audios que han entregado a la Justicia se menciona a congresistas, diputados, constructores y un largo etcétera. Hay un personaje clave que ha pasado sin ruido en los medios: Julián Jaramillo.
Era él el encargado de estructurar las licitaciones y quien aparece en grabaciones asegurándoles a Lenin y a Claudia que ya tienen 2.800 millones de pesos para que asuman la responsabilidad y no comprometan a más personas con la Justicia. Seguro que Jaramillo sabe mucho de lo que realmente pasó.
Señor fiscal general, todo un departamento le pide hoy que tanta corrupción no quede impune.
RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN LANDAZURI by Semana on Scribd
Ficha Técnica Landázuri Modelo 1 by Semana on Scribd
Contrato acueducto Landázuri by Semana on Scribd
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