El senador Iván Marulanda, quien emula por la nominación a candidato presidencial por el Partido Verde, es un verdadero activo de la política, con experiencia en el ejecutivo y en el legislativo por muchos años, además fue actor principal en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.
A propósito de la pandemia Covid, presentó un proyecto al congreso, con el objetivo de proveer a los treinta millones de colombianos más vulnerables, un salario mínimo legal durante tres meses.
Previo a ella, Marulanda había fallado en el empeño de que el gobierno Duque adoptara un programa de renta básica en el marco de la emergencia económica, que le daba poderes excepcionales al presidente.
Las mayorías afectas al gobierno engavetaron la propuesta y acompañaron la de Duque y Carrasquilla de “Ingreso Solidario”, que consiste en transferir $1.600 pesos diarios a diez millones de compatriotas, lo cual el senador califica con razón como una “humillación” a los más desprotegidos.
Leal a su carácter, Marulanda insistió con una propuesta ampliada que incluye una Renta Básica Permanente para los treinta millones de colombianos más necesitados.
Él y todos sabemos que la aplanadora del gobierno insistirá en su precaria salida coyuntural.
El problema está en que la crisis social creciente derivada de la pandemia no se resuelve en el corto plazo, y que el cambio climático traerá nuevas pandemias y nuevas tragedias que agravarán los impactos en nuestro territorio tan vulnerable a los efectos de fenómenos cada vez más frecuentes como el de “La niña”, con consecuencias tales como deslizamientos, inundaciones, pérdida de cultivos, migraciones internas, violencia y otras.
Como lo advierte el senador, el meollo del asunto está en la concepción del papel del Estado.
El mundo avizora tempestades y está de vuelta a un Estado Benefactor, fuerte, solidario, que incluye como base una renta básica universal a todos los ciudadanos sin distinción, que cubra necesidades vitales, pero con recuperación vía impuestos del dinero a quienes no lo necesitan.
La controversia la resolverá el elector en el 2022. La viabilidad de la renta básica universal está garantizada mediante maniobras fiscales ya probadas en otras naciones.
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