Por: Ariel Avila.
– La pasada semana, el gobierno de Iván Duque recibió tres golpes demoledores. Por un lado, la Corte Constitucional, el máximo órgano judicial en Colombia, hundió definitivamente las objeciones hechas por el mandatario a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
No debe olvidarse que el gobierno nacional convirtió estas objeciones en una bandera política. Pero esta derrota no fue de un golpe fulminante, fue a pedazos y estruendosa. Hace poco más de un mes el legislativo, en ambas cámaras, había votado negativamente; la diferencia fue grande, el Centro Democrático y el gobierno Duque habían sido derrotados por mayorías aplastantes. Así las cosas, la decisión del legislativo confirmaba que el gobierno tiene dificultades para hacer mayorías y la decisión de la Corte le hacía entender que el camino que escogió de sabotear el proceso de la paz había fallado.
Se botaron a la basura meses importante de trabajo legislativo y ejecutivo, al final para conseguir nada.
La segunda decisión fue la libertad del exjefe guerrillero Jesús Santrich, ordenada por la Corte Suprema de Justicia. Santrich es acusado de «haber conspirado para enviar cocaína a los Estados Unidos luego de la firma del acuerdo de paz». La libertad y extradición de este exjefe guerrillero se convirtió en un nuevo capítulo de la disputa política colombiana. Sin embargo, a medida que fueron pasando los días, había más dudas que certezas sobre el comportamiento criminal del exjefe guerrillero. Incluso hay dudas sobre el papel de la fiscalía colombiana, que habría participado en estrategias de entrampamiento que son ilegales en Colombia, con el solo objetivo de desprestigiar a la JEP. Igualmente, no se entregaron las pruebas completas y se habrían ocultado partes de ellas. En fin, una historia de saboteos y conspiraciones. Por ende, la justicia tomó la decisión que se habría tomado en cualquier Estado de derecho: hay presunción de inocencia, se garantiza el debido proceso y obviamente los jueces, así medie un acuerdo de extradición, deben practicar pruebas. El miembro del ahora partido FARC salió libre, pero sigue vinculado al proceso judicial.
Pero faltaba algo más para cerrar la semana, el gerente general del Banco de la República afirmó que «la economía está estancada» y la explicación era la polarización política que viene adelantando el gobierno Duque. Es decir, llevar al país a debates sin sentido y perdidos paralizó la economía. Así, por ejemplo, la economía creció al 2,8, muy por debajo del 3,2 que era la meta esperada. El desempleo es el más alto en los últimos siete años y la regla fiscal la reventó el gobierno con malas decisiones económicas, también el indice de confianza al consumidor se desplomó el mes de abril. En lugar de una recuperación económica hay unos síntomas preocupantes.
La pregunta es por qué se llegó a este punto y el interrogante siguiente es cómo hacer para salir de la parálisis institucional. La respuesta a la primera pregunta es que «el presidente está preso de su partido político o de los sectores radicales del mismo». El gran problema es que Iván Duque no tiene capital político, su carrera ascendente a la presidencia se la debe al expresidente Álvaro Uribe. En el país no hay nadie que se declare «duquista» y dentro de su partido se escuchan más críticas que apoyos. Por lo tanto, el presidente no puede tomar ninguna decisión sin consultar antes con Álvaro Uribe. Si decidiera no seguir los consejos del hombre fuerte de su partido y se corriera al centro derecha o centro, es difícil que allí encuentre espacio. Como se dice popularmente: «Entre la espada y la pared».
La respuesta a la segunda pregunta es aún más dramática. Desde el inicio se dijo que «el presidente Duque o era un títere de Álvaro Uribe o iba a ser un traidor». Cualquiera de las opciones que tomara le iba a traer fuertes problemas. Sin embargo, el presidente decidió «irse por el medio» que es la peor de las decisiones.
Ahora su popularidad está en 30%, y ni siquiera ha cumplido el primer año de mandato.
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ARIEL ÁVILA MARTÍNEZ es un politólogo colombiano. Actualmente es el subdirector de la fundación Paz y Reconciliación. Estudió Ciencia política en la Universidad Nacional de Colombia. Es coordinador del Observatorio de Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris, consultor de diferentes instituciones nacionales e internacionales, hasta el año 2010 se desempeñó como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, en el Departamento de Ciencias Políticas. Cuenta con más de (30) treinta publicaciones, producto de investigaciones en temas de conflictos armados internos y de baja intensidad, así como en seguridad urbana.
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