Por: Gonzalo Guillén
Néstor Humberto Martínez Neira es el abogado viejo mejor curtido de Colombia en el arte del manejo de la astucia tramposa y de mala intención.
Ha gateado sin tropiezos toda su vida útil por debajo de la mesa del código penal y sus colegas le reconocen —generalmente con asombro— la facilidad natural con la que combina su habilidad única para comprender las cosas y obtener provecho o beneficio de ellas mediante halagos y mentiras.
Retuerce la verdad y los principios con deslealtad, amabilidad y maldad extrema.
No tiene parangón su capacidad de adulterar sin gran trabajo las ideas de justicia y orden hasta darle apariencia de lícito a lo que no lo es.
Es así como se ha hecho multimillonario a espaldas de la administración de impuestos y es así como llegó a ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación.
Néstor Humberto Martínez Neira es un hampón en el sentido de que vive cometiendo de manera habitual descomunales y al mismo tiempo sutiles acciones delictivas.
Su codicia voraz —me han explicado muchos de quienes lo conocen— está expresada en los decorados, estridentes y extravagantes, de sus casas y oficinas —cundidos de dorados y otros adornos costosos y vulgares—, característicos del mal gusto de quienes en Francia dieron en llamar ‘nouveau riche’ (nuevos ricos). Bastante a lo Pablo Escobar, bastante a lo Rodríguez Gacha.
Me refiero, cada vez con más frecuencia, a este señor por considerarlo mi deber profesional y ciudadano y estar completamente de acuerdo con Mario Vargas Llosa: “Yo creo que a los bandidos y ladrones como ustedes las personas honradas, trabajadoras y decentes no debemos tenerles miedo, sino enfrentarlos con determinación hasta mandarlos a la cárcel, donde merecen estar”.
Martínez Neira debe salir de la Fiscalía General de la Nación y pasar a la cárcel. Es un criminal. Debe invertirse la ecuación por la que se lloraba Neruda: “El fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”.
La presencia de Martínez Neira en la Fiscalía General es la escala más reciente de una maratón personal que va, en nombre del crimen de cuello duro, en busca de la Presidencia de la República.
Sus malas artes de tinterillo eficaz como ninguno y de cagatintas de letra menuda no significarían hoy mayor cosa para Colombia si Martínez Neira las hubiera mantenido en el ejercicio privado, al servicio de los clientes de su oficina particular, de la cual consiguió en un hecho sin antecedentes que la Fiscalía General de la Nación se convirtiera en una concesionaria. Contrata en aquella, entrega los resultados en esta y difumina los honorarios depositándolos en el extranjero a nombre de empresas de paraísos fiscales que él maneja sin decirle nada a la DIAN (ver aquí, aquí y aquí).
La entidad estatal que más puede lesionar al país estando en manos de un hampón, como ocurre hoy, es la Fiscalía General de la Nación, cuyo oficio es el de investigar de oficio o mediante denuncia o querella, los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. Se exceptúan los delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública en servicio activo y en relación con el mismo servicio.
Martínez Neira, por razón de su cargo, no tiene dios ni Ley. Puede entrar mañana a un teatro lleno de niños y asesinarlos a todos o envenenar a los testigos cruciales de una investigación penal en la que él tenga intereses y no podrá ser juzgado ni condenado jamás. El régimen de control para él está relegado a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, una célula parlamentaria que nunca durante su existencia ha producido una sola investigación ni un solo juicio y está compuesta por delincuentes o delegados de ellos.
El caso delincuencial de Martínez Neira como Fiscal General más pernicioso, públicamente conocido y desesperanzador, es el de los multimillonarios chanchullos de Odebrecht en asocio con el Grupo Aval, de los cuales fue asesor legal y estructurador minucioso desde sus orígenes. Ahora es juez, parte y contraparte.
Protegió y probablemente concibió la creación de empresas fantasmas por medio de las cuales se pagaron los sobornos.
En diciembre de 2017 el senador Armando Benedetti lo acusó frontalmente de haberle solicitado cuatro mil millones de pesos a cada uno de 30 empresarios para financiar la segunda vuelta electoral en la que ganó Juan Manuel Santos. A Eleuberto Martorelli, entonces presidente de Odebrecht, Martínez Neira le suministró el número de una cuenta bancaria de la firma RGQ Logistics para que depositara en ella esa cantidad.
RGQ Logistics resultó ser, además, una de las firmas que se utilizaron para mover los dineros de los sobornos pagados para la obtención de varios contratos compartidos entre el Grupo Aval y Odebrecht. Lo descubrió el asesinado Pizano y se lo reveló en 2015 al abogado Martínez Neira. Él ya lo sabía de sobra, pues hacía parte de la tramoya como jurisconsulto de cabecera del Grupo Aval y de Odebrecht y como recaudador de dinero negro para la campaña de Santos.
Pizano, como consta de manera meridiana en una grabación hecha por él mismo, le informó a Martínez Neira lo que descubrió sobre RGQ Logistics. Al hoy Fiscal se le oye cuando anuncia que informó de ello a Luis Carlos Sarmiento (dueño del Grupo Aval), de quien se oye decir en la grabación que recibió una instrucción para Pizano: «quedarse quieto y guardar silencio». Ahora, muerto, está más callado y quieto que nunca y el fiscal Martínez Neira engavetó los chanchullos de RGQ Logistics. Y aquí no pasa nada.
Las irregularidades que descubrió Pizano en su función de contralor honesto, Martínez Neira en las grabaciones sostiene que «las sometió al examen privado del reconocido penalista Juan Carlos Forero, ex vice fiscal». Se oye cuando Martínez lee la relación de delitos descubiertos por Pizano e identificados por Forero a la luz del Código Penal. Desde 2015 era completamente claro lo que había ocurrido.
Pizano fue asesinado recientemente y Juan Carlos Forero (cuyo testimonio ahora sería crucial) salió del país tras haber sido seriamente amenazado, como lo confirmó Noticias Uno.
El ex director de la Agencia Nacional de Infraestructura —ANI—, Luis Fernando Andrade, cuando ejercía ese cargo le informó oficialmente a Rafael Merchán (secretario de Transparencia de la Presidencia en tiempos de Santos), todas las irregularidades detectadas por él en los manejos ilícitos y mancomunados del Grupo Aval y Odebrecht.
Martínez Neira quiere cerrar el caso contra de sus clientes del Grupo Aval exonerándolos de toda culpa y condenando sin pruebas a Andrade, quien en el juicio que se le sigue pidió el testimonio de Merchán. Pero Merchán hoy, lo mismo que Pizano, está «convenientemente muerto», mientras Forero, el último gran testigo vivo, por lo menos contra Martínez Neira y el Grupo Aval, la semana pasada se vio en la necesidad de huir amenazado.
Los chanchullos y Odebtrechr y el Grupo Aval, empero, son solamente uno de los crímenes de los que Martínez Neira es juez y parte.
Otro, por ejemplo, es el de la cadena Hoteles Estelar (engavetado), para la que Martínez Neira intentó apoderarse ilícitamente del hotel Almirante, de Cartagena, o el de Hyundai sobre un reparto judicial en el que él (Martínez Neira) se ganó 3.5 millones de dólares por la obtención de unas medidas cautelares y siendo ya fiscal continuaba pasando cuentas de cobro particulares por ese caso. En este, también, recibió los servicios ilícitos de su amiga y exalumna Ligia del Carmen Hernández Pérez, juez 16 civil municipal. No la ha tocado, sino que, por el contrario, ella fue ascendida al rango de juez Superior.
Y aquí no pasa nada.
Martínez Neira se niega a encarcelar a Jaime Lombana y Diego Cadena, abogados del «congresista-delincuente» Álvaro Uribe Vélez, a pesar de las pruebas fílmicas y testimoniales irrefutables recaudadas por la Corte Suprema de Justicia que existen contra ellos dos respecto de la manera como fue coaccionado el testigo de cargo contra Uribe, Juan Guillermo Monsalve, para que cambiara su versión.
Hoy, la fiscalía es un prostíbulo.
En cada oportunidad que las actuaciones delincuenciales del fiscal Martínez son ventiladas en público, levanta cortinas de humo desplegando, como un mago, sus habilidades de malhechor, infractor, agresor, criminal, transgresor, ladrón, bandido, bandolero o forajido, según sea el caso.
He aquí un resumen:
— A los dueños de unas tiendas llamadas Supercundi les inventó que «eran testaferros de las FARC», los arrestó, los deshonró y sus bienes fueron saqueados, lo que causó un daño multimillonario. Hoy están libres.
— A los dueños de otro supermercado llamado Merkandrea los injurió de la misma manera, los apresó y sus bienes fueron saqueados. No hubo ninguna prueba y fueron liberados.
— Allanó el Fondo de Paz, interrogó a sus funcionarios, los arrestó, los injurió, los humilló, los denigró, acabó con su honra y jamás encontró una prueba en su contra.
— Capturó al alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, y a su antecesor, Carlos Caicedo (precandidato presidencial) solamente porque le caían mal y le quitaban votos al jefe político de Martínez Neira, Germán Vargas Lleras. Quedaron en libertad por falta absoluta de pruebas.
— Acusó a la gerente de la firma Efecty, Luz Mary Guerrero, de lavado de activos. Le acabó la honra y de inmediato quedó en libertad por falta de evidencias.
— Acusó a unos cirujanos plásticos de «poseer títulos falsos», de lo cual no tuvo manera de probar nada.
— Durante uno de los momentos más calientes del escándalo de los «chanchullos» del Grupo Aval y Odebrecht, que lo comprometen a él, Martínez Neira se inventó «una gigantesca red clandestina de interceptaciones de comunicaciones, entre cuyas víctimas decía estar él mismo». Todo fue una gran mentira.
Por mucho menos acaba de renunciar Pedro Chávarry, Fiscal General del Perú.
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GONZALO GUILLEN, es periodista e investigador colombiano. Se dedica al periodismo desde 1975.
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