Por: Álvaro Duque
El 2018 trajo leyes y sentencias polémicas que trataron de regular el espacio comunicativo del país. Estas iniciativas pusieron en evidencia la intención, abierta o inconsciente, de «regular el ejercicio del periodismo y los contenidos de los medios».
Este año también se debatió la distribución de la pauta publicitaria y la manera en que la propiedad de los medios determina sus contenidos. Y tuvimos que seguir denunciando la sempiterna violencia contra los periodistas, que terminó en la muerte de varios de ellos, incluidos los reporteros ecuatorianos que fueron asesinados por disidencias de las FARC.
El año comenzó con un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia, que luego fue revisado por el mismo alto tribunal. La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró en febrero que «la reserva de la fuente no es privilegio de los medios de comunicación, sino una herramienta que permite el ejercicio del periodismo».
No se puede olvidar que para la actividad de los periodistas es muy importante proteger el derecho a la reserva en su trabajo investigativo. De otro modo sería casi imposible ejercer este trabajo, ya que las fuentes no accederían a brindar la información si no se les asegurara la reserva.
De esta manera se “corrigió” una sentencia de la Corte que daba razón al Tribunal Superior de Bogotá, y que ordenaba a la revista Dinero entregar los nombres de las fuentes de una información que publicó.
Esa fue una señal de que se podía romper el bloque de constitucionalidad a favor de la reserva de la fuente, pero el debate anunció, tempranamente, que se trataría de un año en el que «se buscaría silenciar el periodismo que toca las fibras de algunas instituciones del poder».
De hecho, cerramos el año con la insinuación del fiscal encargado del caso en contra de Luis Fernando Andrade, quien sugirió que para incluir en ese proceso los videos que publicó Noticias Uno había que «efectuar una inspección al noticiero».
Proyectos contra el periodismo
A estas jurisprudencias e insinuaciones se agregaron tres proyectos de ley con los que, de algún modo, se pueden poner cortapisas al ejercicio del periodismo.
EL PRIMERO, es el proyecto de ley para «la modernización de las TIC», que crea la Comisión de Comunicaciones (CRC), una entidad encargada de otorgar concesiones en televisión y radiodifusión sonora, así como de administrar el Fondo para el Desarrollo de la Televisión.
Si bien esta entidad respondería a la necesidad de un organismo regulador convergente, es también cierto que se trata de una figura cuya independencia no está garantizada. Esto puede significar que, en la práctica, estaría «bajo las órdenes del gobierno de turno».
El gobierno le ha dado un carácter de «urgencia», al proyecto de ley y ha anunciado que podría llamarse a sesiones extraordinarias para que se apruebe, lo que causa cierta sospecha. Por esta razón varios grupos de la oposición han solicitado un estudio más juicioso del mismo, ya que puede «afectar la sostenibilidad económica de las televisiones públicas», al tiempo que favorece grupos privados que tendrían concesiones más amplias sin que sea claro su contraprestación.
EL SEGUNDO, en 2018 también se radicó un proyecto de ley que busca devolver la tarjeta profesional a los periodistas y crear el Consejo Profesional del Comunicador Social-Periodista, adscrito al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ese organismo se encargaría de determinar quién puede o no ser calificado como «periodista».
EL TERCERO, en esta feria de iniciativas legislativas apareció también un tercer proyecto de ley que pretende crear un marco legal “para proteger los derechos a la honra y el buen nombre en las redes sociales”. Pero en ese camino de buenas intenciones pueden surgir muchas cruces por las que se cuelen limitaciones al derecho a la libertad de expresión.
¿Censuras veladas?
Sorprende que estos proyectos de ley no se refieran a dos de los mayores problemas del sector de las comunicaciones: «el mal pago de los periodistas y la concentración de medios».
La precariedad laboral del sector ha llevado a una disparidad inédita en otros sectores, pues algunas veces las cabezas de las redacciones tienen ingresos que superan hasta en cien veces los de los reporteros rasos.
La concentración de la propiedad de los medios, por su parte, ha significado para la deliberación pública situaciones tan o más escandalosas que las que se derivan de la censura política.
Este año también pasará a la historia por las denuncias contra los medios cuyos propietarios tienen relaciones con las empresas que se vieron afectadas por el llamado “impuesto saludable” a las bebidas con azúcar añadido, y que han hecho eco sin ambages a los cabildantes que buscan cambiar esta ley. En la misma línea habría que mencionar también la información relacionada con el Grupo Aval y el escándalo de Odebrecht.
Si se mira con atención, 2018 ha vuelto a revelar el impacto negativo que para la deliberación pública tiene la concentración de la propiedad de los medios.
Elecciones y medios de comunicación
La concentración de la propiedad de los medios también tuvo efecto sobre las elecciones presidenciales de 2018. Gustavo Petro llegó a decir al respecto: “invito a reflexionar sobre lo sucedido durante la campaña. No es posible que los medios sigan siendo dependientes de poderes económicos a tal punto que, ignorantes del pensamiento mundial, traten a un candidato como si fuera un delincuente y al otro como si se tratara de Leo Messi”.
En un esquema en el que prima el interés económico antes que el interés público, los medios en las elecciones contribuyeron también a la polarización del país, lo que «favoreció a los candidatos que se distanciaban de fórmulas conciliadoras o centristas».
Los medios en elecciones siguieron la fórmula de transmisión de “carrera de caballos”, fijándose en quién iba ganando en las encuestas más que en escudriñar los programas de los candidatos. Sus alianzas, con firmas encuestadoras, dieron lugar a transmisiones de mayor rating, pero no necesariamente contribuyeron a que la ciudadanía quedara mejor informada.
En este año de mundial de fútbol, varios periodistas decidieron también transformarse en una especie de miembros de barras bravas, cercanos al poder e infundiendo miedo, sobre todo desde sus cuentas particulares de redes sociales. Así, al final, se privilegiaron los ataques personales antes que los debates de las ideas.
La violencia sigue
El asesinato de periodistas y las amenazas también estuvieron presentes en 2018. Se trata de situaciones que siguen contribuyendo al abandono de la profesión, la autocensura y el desplazamiento forzado de profesionales de las redacciones.
Según los datos de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), en 2018 las amenazas contra periodistas superaron las 200, casi el doble con respecto a las que hubo en 2017. Estas situaciones afectaron a periodistas en las regiones, pero también hubo sonados casos con representantes del periodismo nacional.
Muchas de las amenazas provinieron de espacios digitales, donde, por lo visto este año, la intimidación se ha convertido en una forma habitual para quienes quieren atentar contra la libertad de prensa.
Una de las causas por las que se repiten los asesinatos y las amenazas contra los periodistas es que «rara vez se sanciona muy poco a los culpables». Una vez más, este año se mandó el mensaje de que sigue haciéndose muy poco para castigar a los responsables.
Por eso vale la pena destacar la demanda que la periodista Claudia Julieta Duque instauró contra el Estado colombiano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El resultado de este recurso puede constituirse en un precedente importante en la lucha contra la violencia que afecta a los periodistas en Colombia.
Tendencias para 2019
En 2019, año de elecciones locales, seguramente se seguirán fortaleciendo los programas periodísticos de verificación de los discursos públicos (los fact checkers) y el periodismo de datos, una de cuyas impulsoras en el país, Ginna Morelo, fue reconocida como periodista del año 2018 por el Premio Simón Bolívar.
La búsqueda de un modelo de negocio que permita la supervivencia económica de los medios también seguirá siendo tendencia en 2019, luego de que este año Semana y El Espectador decidieran cobrar por buena parte de los contenidos de sus ediciones impresas.
El periodismo de género probablemente seguirá creciendo, así como los espacios que buscan ampliar la agenda informativa para incluir problemas que se han hecho visibles luego de los acuerdos con las FARC.
El próximo año será una buena oportunidad, por lo tanto, para que se fortalezca un periodismo que contribuya a dejarles a las próximas generaciones un país más pacífico y equitativo.
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ALVARO DUQUE Ph. D. en Ciencia Política de la Universidad de Turín (Italia), investigador de temas de comunicación política, periodismo y educación. Puede ser contactado en el correo electrónico: [email protected]
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