Editorial El Medio Magdalena.
La democracia se basa en un sistema de pesos y contrapesos que busca que ninguno de los poderes públicos domine o tenga más poder que los otros.
Lo que se pretende es un equilibrio que evite excesos. Lamentablemente el sistema no siempre funciona como debería, los poderes públicos terminan desdibujando su propósito, pues los roles y funciones se confunden y lo que en un principio buscaba evitar excesos ha terminado en muchas ocasiones en generar problemas.
Es lo que sucede en la relación entre Concejo y administración municipal, donde lo que en un principio se presentó como un ejercicio de control se ha convertido en una fuente de inconvenientes que vienen afectando la gestión pública.
Lo que en estos momentos existe no es armonía, ni trabajo articulado, ni tampoco coordinación, lo que hay ahora es un continuo tire y afloje entre intereses políticos particulares donde el interés colectivo está siendo cada vez más afectado. Este fenómeno no es nuevo, desde hace varios años viene presentándose, algunas veces más agudo otras veces menos, pero que se ha convertido en un verdadero problema estructural de la democracia local.
La gobernabilidad en el municipio depende en buena parte de la relación entre gobierno y concejo, no por el control que se debe dar entre los entes para evitar excesos, sino por la capacidad de la corporación edilicia de tramitar y trabajar de acuerdo con el interés general superando los problemas que implica las tensiones que se dan cuando los intereses políticos particulares priman en el ejercicio de las funciones de los concejales.
Los ejemplos abundan en las últimas décadas, pero el más reciente capítulo de esta larga historia es el tema de la reasignación del cupo de crédito para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.
Es una tragicomedia lo que ha hecho el Concejo con este proceso, las actuaciones mediáticas de la corporación rayan en el absurdo pues abundan las salidas en falso y las declaraciones confusas.
Lo que la comunidad ha podido apreciar es que para la solución presentada lo que se ha hecho es buscar problemas, es decir en vez de gestionar un asunto de trascendental importancia lo que se ha buscado es entorpecer su trámite, sin entenderse porque se presentan trabas cuando lo que se debería es darle prioridad al asunto y buscar resolverlo, por fuera de los vaivenes de los medios y redes sociales y considerando las necesidades de la población.
Otro ejemplo de esta situación es el trámite de algunos proyectos de acuerdo, en especial los de adición presupuestal, que tienen una gran importancia para la administración municipal y que se han convertido en un proceso largo y tortuoso, pues estos son artificialmente extendidos en el tiempo y por esta razón terminan por afectar directamente la calidad de vida de la gente.
Cada tanto tiempo la comunidad ve como la corporación edilicia tramita con particular lentitud este tipo de proyectos, surgen largas discusiones y aparecen justificaciones, alegatos y acusaciones, pero en términos reales el resultado termina siendo el mismo, retrasos y tardanzas en asuntos que afectan el bienestar de la población.
Es momento de revisar que está pasando con el sistema de gobierno local, porque el municipio termina siendo secuestrado por instituciones que a su vez están tomadas por intereses particulares, que acaban por imponer agendas privadas sobre asuntos colectivos.
Proyectos de acuerdo que deberían ser tramitados con la mayor celeridad posible languidecen durante días y hasta semanas sin razón.
Y es así como salen a relucir excusas, señalamientos y recriminaciones, pero lo que aprecia la ciudadanía es que en vez de buscar soluciones lo que se plantean son más problemas.
Pareciera que no se buscara avanzar sino entorpecer los procesos, con la intención de ponerle palos a la rueda, lo que termina por afectar no a la administración municipal sino a la gente misma.
La comunidad ha venido apreciando cada vez con mayor claridad es que en el Concejo no se busca resolver los asuntos sino sumar inconvenientes para que finalmente, y después de una lucha incomprensible, se aprueben los proyectos de acuerdo sin mayores modificaciones.
Una de las consecuencias de ese trámite es que la población sufre por las demoras pues los recursos y acciones demoran más de lo necesario, y es así como el bienestar general se ve afectado y la calidad de vida disminuye.
Todo no por un debate programático o racional, sino por un enfrentamiento de intereses particulares que condiciona la labor del Concejo, que termina por desdibujar su función pública para mostrarse como un espacio de enfrentamientos en la búsqueda de beneficios privados.
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