Por: Jorge Gomez Pinilla
Con el llamado a indagatoria a Álvaro Uribe por parte de la Corte Suprema se le presenta a Colombia un delicado momento de incertidumbre e inestabilidad institucional.
Hay mucha gente convencida, casi desde lo teológico, de que el hombre es inmune a la ley terrenal: “haga de cuenta que Uribe es Dios”, le dijo Enrique Pardo Hasche a Juan Guillermo Monsalve, quien tiene al expresidente a un paso de mandarlo a la cárcel. Y ya se escuchan voces desde lo más oscuro de la caverna, como la de Everth Bustamante -ayer guerrillero del M-19, hoy miembro vergonzante del CD- invitando a desconocer el orden constitucional cuando afirma que “al presidente Uribe nadie lo puede encarcelar”.
Para empezar, nadie en un régimen democrático con independencia de poderes puede estar por encima de la ley. Pero eso da una idea del grado de polarización o agudización de las contradicciones que se avecina, en el que periodistas correveidiles del uribismo como Luis Carlos Vélez, María Isabel Rueda o Mauricio Vargas ponen su grano de arena con columnas incendiarias que pretenden sembrar dudas sobre la idoneidad de la Corte Suprema para juzgar a Uribe. Vélez cuidando la papita con ¿Congreso para Farc y cárcel para Uribe?, la sinuosa Rueda con Nos dejaron patas arriba, el amanuense Vargas con Uribe, a la guandoca.
No les importa si Uribe es culpable o inocente, no; se trata es de torcerle el cuello a la justicia, decir sin pruebas que la Corte ha sido “generosa” con las Farc y rigurosa con Uribe, censurar que una grabación se haya hecho desde un reloj, no lo que el reloj grabó; todo lo que esté al alcance de sus artimañas mediáticas en la tarea de confundir, a ver cómo le ayudan a su admirado caudillo a salvarlo de la ‘guandoca’. A este trío de incendiarios toca pararles el macho con la advertencia de Héctor Riveros en La Silla Vacía: “A lo que no tenemos derecho los ciudadanos es a atribuirles delitos a las autoridades judiciales porque favorecen o perjudican a determinada persona”. (Ver De Uribe a Santrich).
Con Uribe puede estar pasando como con Al Capone, sanguinario capo de la mafia que se hizo poderoso e invencible gracias a la prohibición del alcohol -del mismo modo que Pablo Escobar con la prohibición de la droga-, pero al que no pudieron coger preso por ninguno de sus incontables asesinatos sino por… evasión de impuestos.
Aquí a Uribe podrían enviarlo a la cárcel no por crímenes de lesa humanidad como los ‘falsos positivos’, ni por las sospechas de haber ordenado el ‘accidente’ de su amigo Pedro Juan Moreno o haber contribuido al homicidio de Jesús María Valle, ni por su supuesta participación en las masacres de El Aro y La Granja, sino por algo en apariencia baladí como… “soborno y fraude procesal”.
El 21 de abril de 2015 escribí la columna ¿Y Uribe a la cárcel, cuándo?, a raíz de la condena que profirió la Corte Suprema contra dos exministros (Sabas Pretelt, Diego Palacio), dos exsecretarios de Casa de Nariño (Bernardo Moreno, Alberto Velásquez) y la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, por “entregar dádivas a parlamentarios como Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para que apoyaran la reforma constitucional que permitió la reelección de Uribe Vélez”, y por las ‘chuzadas’ del DAS.
En aquella ocasión el suscrito columnista recogía el clamor de la gente que en redes sociales se preguntaba atónita por qué la justicia no había apresado al que dio las órdenes para delinquir, como quedó consignado en la sentencia del alto tribunal: “Siguiendo instrucciones del entonces presidente Álvaro Uribe, el exsecretario general de la Presidencia y los exministros de Protección Social y del Interior dispusieron del poder que les conferían sus altos cargos para pagar con una serie de nombramientos el voto favorable de Yidis Medina y la ausencia de Teodolindo Avendaño”.
La Corte no pudo ordenar la detención de Uribe porque el delito había ocurrido en función de su cargo como Presidente de la República, cuyo fuero lo remite a la raquítica e inoperante Comisión de ‘Absoluciones’ de la Cámara. Pero eso era antes. La escena al día presente muestra como previsible que al final de la diligencia de indagatoria, prevista para el lunes 3 de septiembre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez pueda ser cobijado con orden de detención, con base en el abundante material probatorio recaudado: más de cien horas de grabación que parecen ser lo que más intranquilo tiene al ciudadano acusado.
¿Qué le podría ocurrir a la nación si la Corte Suprema de Justicia le profiere orden de captura ese día? Desde lo normativo no debería suceder nada diferente a que uno de los tres pilares de la democracia se pronunció, y el país sigue su marcha, y ya. Pero el poder que tiene Uribe no es para guardárselo en el único bolsillo de su uniforme de recluso, sino para hacerse sentir, y es cuando al espectador desprevenido le da por ponerse a cavilar:
Si al término de su indagatoria Álvaro Uribe fuera hecho preso, ¿amanecerá al día siguiente el presidente Iván Duque con ganas darse un autogolpe de Estado, consistente en desconocer la decisión del más alto tribunal de justicia y brindarle su apoyo irrestricto al “jefe” por la ‘infame’ persecución de la Corte? ¿O respetará el orden institucional y la libre marcha de los tres poderes que rigen la estabilidad jurídica de la nación?
En todo caso, con Uribe preso, ¿quién seguiría gobernando a Colombia? ¿Uribe desde su confortable celda en una brigada militar, o Duque desde el Palacio de Nariño, ya liberado del pesado yunque de la fidelidad al “presidente eterno” que cargaba sobre su espalda?
DE REMATE: La rueda de prensa de Uribe en un establo de su finca, hasta donde llevó a los periodistas como borregos para despotricar contra la Corte Suprema de Justicia que lo investiga, fue una indebida interferencia a la justicia que debe ser castigada por la misma Corte. Ese malandrín no puede seguir haciendo de las suyas con total impunidad.
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