Editorial El Medio Magdalena.
La primera vuelta presidencial entrego los resultados que las encuestas auguraban desde hacía varias semanas, el peso a la segunda de Iván Duque y Gustavo Petro, con la sorpresa de la gran votación en favor de Sergio Fajardo que amenazo el paso a la siguiente ronda y que representa el creciente número de ciudadanos que buscan un cambio profundo en la forma como se administran los asuntos de la Nación y el Estado.
Así que después de varios meses de una campaña marcada por las especulaciones, escándalos y encuestas, donde por momentos la estrategia del miedo y la exacerbación de la polarización centraron los discursos políticos, la población se enfrenta decididamente a un dilema sobre cómo quiere que se gobierne el país los próximos cuatro años.
Esto no es una cuestión menor, pues el país en este momento se ha reorganizado y tiene unas condiciones especiales que hace indispensable tenerlas en cuenta antes de decidir por quien votar, en especial el amplio número de votantes cuyos candidatos no alcanzaron a pasar a segunda vuelta y pueden ser decisivos en la jornada del 17 de junio.
Es así como hay que considerar que el congreso quedo reorganizado con una fuerte división entre varios partidos sin que se presente hasta el momento una clara coalición pero que se percibe que el Centro Democrático, partido del candidato Iván Duque, viene agrupando al partido Conservador, al partido Cambio Radical, al partido Liberal junto con los partidos cristianos, constituyendo una mayoría parlamentaria que estaría en favor de un potencial gobierno de Duque, bajo la dirección del ex presidente y senador reelecto Álvaro Uribe.
Esta situación genera incertidumbre pues significaría que el poder legislativo estaría bajo el control de Uribe, que es fundador, director y nominador del partido Centro Democrático, y en un eventual triunfo de Iván Duque, el poder ejecutivo quedaría bajo el control de este mismo partido y de su máximo dirigente, lo que representaría una preocupante concentración de poder, que se hace más aguda en un país polarizado y salpicado de escándalos de corrupción.
En relación con lo anterior se presenta el proceso de implementación de los acuerdos con las Farc y el proceso de negociación con el Eln.
Para nadie es un secreto que el partido Centro Democrático ha sido un crítico radical de los acuerdos logrados con las Farc, al punto de liderar procesos contra los pactos alcanzados, desarrollando toda una estrategia de difamación, calumnia y desprestigio en el plano electoral, político, social y de relaciones internacionales.
Frente a una eventual concentración del poder en ese partido lo acordado podría enfrentar una literal destrucción pues varias de los representantes de dicho partido lo han señalado públicamente y en campaña ha sido una de sus propuestas electorales.
Otro elemento íntimamente ligado es la implementación de la Justicia Especial para la Paz, JEP, y el trabajo de la Comisión de la Verdad, los cuales son mecanismos fundamentales para que las víctimas y la sociedad entera puedan gozar del derecho a la verdad y a la justicia, violentados estos en el marco del conflicto armado.
La posición tomada por el partido Centro Democrático en anteriores legislaturas y en sus declaraciones públicas frente al funcionamiento y conformación de estas instituciones, en una campaña irresponsable de injuria y deshonra, señalan que podría no haber garantías en una presidencia de ese partido y con un congreso liderado desde esa misma organización política.
Esto significaría que la posibilidad de conocer la verdad de los hechos ocurridos dentro del conflicto podría quedar en suspenso y la posibilidad de reparar a las victimas aplazada una vez más.
También es necesario señalar los hechos y situaciones pendientes por resolver, en especial los relacionados con corrupción, como Odebrecht o Reficar, o con el conflicto, como la relación con grupos paramilitares o los falsos positivos, que involucran a gran parte de la clase política del país.
Estas situaciones extremas donde están relacionados muchos integrantes de partidos políticos, algunos de los cuales protagonistas de la campaña presidencial, los cuales que se encuentran en este momento en etapa de investigación necesitan un contexto que realmente represente garantías para que se pueda descubrir responsables y conocer los hechos, para sancionar y devolverle la confianza en sus instituciones a la ciudadanía.
Pero si los involucrados en estos escándalos hacen parte o tienen relaciones con las mayorías en el legislativo, o están cercanos a la campaña presidencial, estos procesos pueden enfrentar dificultades a la hora de revelar responsables y sancionarlos.
Así que la elección del próximo 17 de junio representa un quiebre histórico frente a como se va a organizar el Estado y como se van a tramitar estos asuntos, fundamentales en la organización del país para los próximos años.
El electorado enfrenta no solo una decisión de nombres sino también de cómo va a ser la administración pública, la gestión de la justicia y el avance en la consolidación de la paz. Y estos temas son fundamentales, pues en el pasado fueron combustible de un conflicto armado que duro más de 50 años, así que se requieren decisiones y toma de posiciones, que muestren responsabilidad y compromiso con Colombia.
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