Por: Francisco de Roux
El tema es tan difícil como importante, y van estas reflexiones para el discernimiento.
«Por el acuerdo final, los miembros de las FARC con crímenes de guerra solo pueden ser juzgados por la JEP y pueden participar en política mientras cumplen sentencia». Así entienden el artículo 20 quienes, durante siete años, en las delegaciones, trabajaron sin descanso por la paz en La Habana. Por eso, las FARC presentan candidatos.
El mismo acuerdo, para honrar el plebiscito, subordina la reglamentación de la JEP al Congreso y la condiciona al control de la Corte Constitucional. La Fiscalía y la Procuraduría enriquecen esa complejidad. La JEP debe aprobarse, pero el sentir institucional predominante es que «ir a elecciones antes de pagar sentencia no es aceptable».
Dejando de lado argumentos no creíbles de los políticos en campaña, muchos pensamos que «la paz es el bien supremo al que deben adaptarse leyes más por respeto a las víctimas, la solidez del proceso y la misma credibilidad de las FARC; los responsables de todos los lados deberían pasar por la verdad y la sentencia de la JEP antes de ir a elecciones».
Pero están de por medio la grave violación de lo acordado y la seguridad del país.
Las FARC, como los rebeldes del mundo que negocian, firmaron un acuerdo político para hacer política. Nosotros no estuvimos de acuerdo con su guerra, pero la suya fue rebeldía política contra el Estado, al que consideraban ‘enemigo del pueblo’, con una moral de morir si fuese necesario con tal de que el enemigo muriera.
Por ideología del ‘fin que justifica los medios’, legitimaron financiarse con coca, extorsionar, secuestrar y eliminar a los detenidos si les era conducente al objetivo; y juzgaron heroico emboscar, vencer y matar a paramilitares, soldados y policías; así como destruir torres y puentes y aliados del enemigo. Estaban al ataque. No como el mafioso que huye del combate y paga paramilitares para que el Gobierno le sea ‘favorable’.
Las FARC fueron el ojo del huracán de la inseguridad. Hacían presencia armada en la mitad del país rural y tenían milicianos en todas las ciudades. Sometían a las comunidades e imponían condiciones a mandatarios locales. Destruyeron iniciativas industriales y agroindustriales, expulsaron capitales nacionales y alejaron inversiones externas. Reclutaban menores y tenían hijos guerrilleros. Cuando eran más fuertes, golpearon duro a las Fuerzas Armadas del Estado, y tenían diplomacia internacional de apoyo.
Disminuidos a cerca de nueve mil en armas y por lo menos el doble en militancia, no estaban terminados, y por la experiencia estaban atentos a volver a crecer, si surgían condiciones internas y externas propicias.
Enfrentar a las FARC exigió un esfuerzo fiscal inmenso, ayuda militar externa y recortes del gasto social y el desarrollo.
El conflicto armado dejó 8 millones de víctimas, miles de civiles asesinados y jóvenes combatientes de los dos bandos que morían a diario o quedaban cojos, mancos o ciegos. El Ejército y la Policía, atacados y concentrados en la guerra contra ellos, no alcanzaban a estar en el resto de la nación y por eso se multiplicaron violencias incontrolables.
El día del acuerdo, las FARC cambiaron radicalmente. Aceptaron la legitimidad del Estado y dejaron las armas para buscar el poder dentro de la democracia. Aunque el acuerdo es difícil para todos y arduo para las instituciones, no podemos perder de vista lo ganado.
Esta es la guerra que terminó gracias al serio proceso de La Habana.
No sé si la Corte Constitucional y el ‘Congreso de Pilatos’, que se lavan las manos, se han dado cuenta de esto. Cuando toda decisión debería partir del criterio de proteger responsablemente la seguridad lograda y la estabilidad de esta paz imperfecta alcanzada después de medio siglo de horror.
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FRANCISCO DE ROUX, (S.J.), ex director del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) con sede en Barrancabermeja, actual director de la Compañía de Jesús en Colombia, es una de las personas más respetadas en asuntos de paz en el país.
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