Por: Jaime Calderón Herrera
Los humanos hemos cambiado nuestra apreciación ética con relación al rescate de víctimas. En tiempos de los “bárbaros”, éstos inmolaban y ofrendaban los náufragos rescatados a los dioses.
En 1824 Sir William Hillary, en vista de la alta frecuencia de barcos naufragando alrededor de la isla de Man, redactó planes de salvamento y dio origen a una flota de botes tripulados con personal capacitado en rescate.
Desconozco si de allí salió el código aceptado hoy, de dar prioridad a mujeres, niños y ancianos en el salvamento, y si de este nuevo comportamiento nació la regla del rescate, según la cual “cuando hay una víctima visible, la sociedad está dispuesta a sacrificar recursos con un costo de oportunidad muy alto (para las víctimas no visibles), así la probabilidad de éxito de salvar la víctima visible sea muy baja.”
Esta regla, claramente determinada por un concepto moral, está en línea con el código hipocrático que nos enseñan a los médicos y que ponemos en práctica cuando nos enfrentamos ante una enfermedad que pone en riesgo la vida de un paciente, quien espera, al igual que sus familiares y amigos, que no escatimemos recursos económicos, ni de tipo alguno, en su rescate, aún en casos de resucitación.
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El derecho fundamental a la salud garantiza esta manera de proceder, no obstante que confiere un alto costo con muy bajo impacto para la salud de la comunidad.
De otra parte, está la función del objetivo de un sistema de salud sustentado en la salud pública y que enfatiza en las acciones de bajo costo y alto impacto, como las vacunas y demás de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
La ley estatutaria de salud también protege este derecho colectivo.
El dilema está en cómo asignamos los recursos, que siempre serán escasos, para que tengamos acceso a las mejores tecnologías para un tratamiento individual, sin sacrificar las acciones en salud que puedan prevenir la muerte de decenas de miles de colombianos invisibles.
Sin duda hay que priorizar, pero este debate del cómo, debe estar en las discusiones de los profesionales de la salud, en familia y en tertulia, para iniciar un proceso de concientización que nos permita un acuerdo social sobre el tema.
