Por: Rosberg Perilla Pérez.
Según el Boletín # 007 la Corporación Autónoma Regional de Santander (fecha 19 de febrero de 2.013), la CAS ordenó en esa época —es decir hace 3 años— la suspensión de las actividades del viejo relleno sanitario La Esmeralda manejado por la empresa Aguas de Barrancabermeja, ubicado en el kilómetro 8 y que en esos tiempos servía de basurero de Barrancabermeja sobre la vía que conduce al municipio de San Vicente de Chucurí. Era un basurero a ‘cielo abierto’, lleno de moscas, cucarachas y chulos y que contaminaba la ciénaga San Silvestre.
Según el ingeniero ambiental de la CAS, Querubín Rivera Castañeda, la medida preventiva fue impuesta debido a que el talud o terraplén de la celda en operación, localizado frente a la caseta de lixiviados, se fracturó en un tramo de 30 metros lo que podría ocasionar su derrumbe y empeoraba la situación.
Dos años antes, la Corporación CAS —mediante resolución N° 418 de agosto 25 de 2.011— ya había requerido a la empresa encargada del relleno sanitario, Aguas de Barrancabermeja, para que realizara los trabajos de recuperación del talud, exigencia que nunca fue atendida por la empresa.
Rivera Castañeda, el funcionario de la CAS, aseguró en su informe que durante la visita de inspección ocular, se pudo evidenciar que el caño del costado nororiental de la celda La Esmeralda se encontraba totalmente «lleno y contaminado con lixiviados provenientes de las celdas»; además de comprobar que frente a la piscina de la celda transitoria se encontraba un vertedero donde se observaron lixiviados a 15 metros del cauce de una corriente existente en el lugar. Sin duda, un serio peligro para nuestra fuente de abastecimiento de agua potable: la ciénaga San Silvestre.
Procuraduría General de la Nación también se había pronunciado sobre el caso.
Un concepto técnico emitido por la Procuraduría General de la Nación con fecha 19 de noviembre de 2.014, aparece en alguna de sus conclusiones textualmente que:
—«Se llama la atención por parte de la Procuraduría por la manera irresponsable e inadecuada de la operación del llamado botadero ‘La Esmeralda’ en su parte técnica y del descuido en los trámites administrativos por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja para dar solución definitiva a un sitio adecuado para Ia disposición final de los residuos sólidos, que desde que se otorgó la Licencia Ambiental en octubre de 1.997, el mismo POT vigente del año 2.002 y el PGIRS inicial del año 2.005, se ha solicitado dar cumplimiento con lo establecido en la Licencia Ambiental, por la inadecuada operación del sitio de disposición, inadecuado tratamiento de lixiviados, la permanente basura descubierta generando insectos, moscas, mosquitos, roedores y gallinazos, afectando la salud de los mismos recicladores de la zona y de la misma población que reside a los alrededores y lo más grave aún la permanente contaminación de la Ciénaga de San Silvestre en donde por más de diez (10) años, por conducción, derrame y filtración que aporta los lixiviados del botadero a la Ciénaga de San Silvestre que se encuentra supuestamente protegida por un DRMI. Por eso se reclama, de una seria investigación disciplinaria a los diferentes alcaldes que han sido responsables desde el inicio del botadero de La Esmeralda y por parte de la entidad ambiental que ha sido consecuente con el proceso»—.
Incluso, la misma Procuraduría General de la Nación en el año 2.014, mediante el boletín # 878, insistía en que los servicios que prestaba la celda transitoria La Esmeralda, debían llegar a su fin.
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Alcalde, Elkin Bueno, decide construir PTAR de lixiviados.
Por cuenta de las circunstancias anteriormente relacionadas, pero especialmente por la presión ejercida por la CAS y los llamados de atención de la Procuraduría, el ex alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno, firmó un convenio interadministrativo con la Empresa Aguas de Barrancabermeja, (operadora del viejo relleno La Esmeralda), por valor de $ 3.803 millones de pesos para la construcción de la PTAR de lixiviados en el relleno La Esmeralda.
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Contralor Municipal dice que la obra nunca se hizo.
El ejercicio del control fiscal en Colombia es posterior y selectivo y se ejerce a través del control financiero, de legalidad, de gestión, de resultado mediante la revisión de cuentas y a través de la evaluación del control interno.
Particularmente el control de gestión busca establecer la eficiencia y la eficacia de la entidad pública en la administración de sus recursos y el control de resultado es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la administración, en un período determinado.
En atención a ese tipo de controles, la planta de tratamiento de lixiviados NO se construyó —según lo afirmó el ex Contralor Municipal de Barrancabermeja, doctor Juan Carlos Sttaper Ortega— lo que generó una contaminación ambiental en el lugar, constituyendo un debacle eco sistémico de dicho cuerpo de agua, lo que configura —sin duda— la conducta punible de daño a recursos naturales, además de la investigación que se debe llevar a cabo por la pérdida de ese millonario recurso público, $ 3.803 millones de pesos.
Para ver Comunicación remitida por el procurador delegado para Asuntos Ambientales y Agrarios al alcalde Elkin Bueno dar clcik aquí
Existe una denuncia penal porque no se construyó dicha planta de tratamiento.
Ante la Fiscalía General de la Nación fueron denunciados penalmente el ex alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, y el ex gerente de la empresa Aguas de Barrancabermeja, Jorge Ferreira Ballesteros por los delitos de prevaricato y daño a recursos naturales, luego de que se recopilaran importantes documentos que lo comprometen a ellos y a un grupo de sus más inmediatos colaboradores.
La denuncia —que fue instaurada por el abogado, Leonardo Granados Cárdenas— está sustentada por el concepto ofrecido por el propio ex contralor municipal de Barrancabermeja, Juan Carlos Sttaper.
Además, ya se conocen amplias y graves declaraciones en la Fiscalía General de la Nación, del contratista de la obra Giovanni Santamaría, (uno de los empresarios que participó en el negocio) quien dejó al desnudo muchas irregularidades que actualmente están bajo reserva sumarial pero que compromete seriamente a ex funcionarios de la pasada administración municipal.
¿Por qué debe responder el alcalde, Elkin Bueno?
Aunque el Convenio Interadministrativo (que se identifica bajo el número 0363—13) con fecha mayo 8 de 2.013, lo firma el ex secretario general de la Alcaldía, Juan Carlos Espinosa Vargas, el denuncio va dirigido también al ex alcalde de Barrancabermeja, Elkin Bueno Altahona, porque el acto de delegación de funciones NO lo exime de su responsabilidad. Así lo hizo saber el abogado demandante, Leonardo Granados, quien cita sentencias de las altas cortes.
Según la Corte Constitucional el principio de responsabilidad indica que cada uno de ellos responde por sus decisiones y no por las decisiones que incumben a los demás, es decir, no puede exigirse, por lo tanto, que la autoridad que autoriza la delegación responda por las actuaciones del delegante o del delegatario. Tampoco que el delegante responda por las decisiones del delegatario, aunque ello tampoco signifique que el delegante no responda por lo que a él, como titular de la competencia delegada, corresponde en relación con la delegación, pues la delegación no constituye, de ninguna manera, el medio a través del cual el titular de la función se desprende por completo de la materia delegada.
Por el contrario —según la Corte Constitucional— la delegación «crea un vínculo permanente y activo entre delegante y delegatario», el cual se debe reflejar en medidas como las instrucciones que se impartan al delegatario durante la permanencia de la delegación; las políticas y orientaciones generales que se establezcan, en aplicación del principio de unidad de la administración, para que los delegatarios conozcan claramente y consideren en sus decisiones los planes, metas y programas institucionales; la revisión y el seguimiento a las decisiones que tome el delegatario y la oportunidad para que el delegante revoque el acto de delegación y despoje oportunamente de la calidad de delegatarios a quienes no respondan a las expectativas en ellos fincadas. Para ello, el delegante conservará y ejercerá las facultades que se le otorgan en razón de ser el titular del empleo al cual pertenecen las funciones que se cumplen por los delegatarios.
Así las cosas, la situación para el ex alcalde, Elkin Bueno, no está muy clara. Quizás el ex mandatario deberá responder por la pérdida de ese dinero, porque según el ex contralor municipal, Juan Carlos Sttaper, la planta de tratamiento nunca se hizo y no se sabe qué pasó con esa plata: $ 3.803 millones de pesos.
Sobre este delicado tema hay muchas cosas más. La denuncia penal instaurada por el abogado Leonardo Granados —radicada el año pasado en la Fiscalía— involucra al Concejo Municipal de la época, (cuyo presidente era René Tordecilla Reina), pues ellos, los concejales, realizaron una ‘adición presupuestal’ a la obra por $ 3.500 millones de pesos que fueron entregados por parte de Cormagdalena en cumplimiento de la Ley 160, sumando en total más de $ 7.000 millones de pesos.
Era obligación del Concejo Municipal exigirle un informe a la empresa Aguas de Barrancabermeja antes de adicionarles nuevos recursos.
La pregunta del millón: —¿Por qué si ya existía una ‘advertencia’ del Contralor Municipal de Barrancabermeja en el sentido de que NO se había construido la obra, los concejales proceden a adicionar más dinero a lo que podría ser un ‘saco roto’?
De momento se sabe que el caso está en manos del Fiscal, Ernesto Cornejo Ochoa, de la Unidad de Administración Pública adscrita a la Dirección Seccional del Magdalena Medio. El funcionario más comprometido en todo este problema es el ingeniero, Jorge Norberto Ferreira Ballesteros, gerente de la empresa cuando se firmó el primer convenio.
Lamentablemente, NO hay planta de lixiviados y se sigue contaminando la ciénaga San Silvestre en todo ese sector. Mientras tanto la empresa Aguas de Barrancabermeja estaría ‘pagando ahora unos nuevos estudios’ para saber qué obras se requieren para cerrar definitivamente las celdas del viejo relleno La Esmeralda.
Los invito a que vean esta fotografía en la que aparece un tanque de color azul como fiel reflejo de lo único que existe en los terrenos que hoy debería ocupar la planta de lixiviados. ¿Será que el tanque costó toda esa cantidad de dinero?
De momento el ex alcalde Elkin Bueno Altahona NO responde por nada, porque anda prófugo de la justicia.
De otro lado, Ciro Fernández Núñez —suavemente suavemente— llegó al Congreso de la República con el apoyo económico de muchos contratistas de la ‘Ciudad Futuro’, entre ellos los que participaron en este polémico ‘convenio’ de construcción de una planta de lixiviados que nunca se hizo, pero que le ha costado al Municipio más de $ 7.000 millones de pesos.
¿En manos de quien —‘suavemente’— terminaría todo ese dinero?
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ROSBERG PERILLA PEREZ es un habitual columnista de BARRANCABERMEJA VIRTUAL. Puede ser contactado en el correo electrónico: [email protected]
