Por: Horacio Serpa Uribe
Tan pronto como supe que a la reforma judicial se la calificaba de engendro pensé en la necesidad de un procedimiento abortivo. Claro, de acuerdo con la legislación. Por eso dije que era necesario practicarle un aborto terapéutico constitucional.
Dicho de esa manera todo el mundo entiende. Incluso muchos Parlamentarios. Por fortuna salió pronto el cirujano mayor a decir que la criatura, afectada por malformaciones de toda índole, debía regresar al Congreso para que le practicaran la operación, después de que los padres de la patria lean bien el texto de su receta donde les indica la forma de evitar que el monstruo respire, para bien de la salud nacional.
Para eso se reúne hoy el Congreso en sesiones extraordinarias. Habrá largos debates y se presentarán argumentos legales, constitucionales, jurisprudenciales, políticos, de conveniencia, de procedimiento, con recriminaciones, golpes de pecho, lavado de manos, réplicas, mociones de orden, en fin, de todo lo que se presenta ordinariamente en una sesión parlamentaria, elevado al cubo. Pero ninguna argumentación, ninguna explicación, por sabias, verídicas y contundentes que resulten, serán superiores a la indignación del País por el estropicio cometido. Los colombianos reclaman que se hunda la reforma.
La propuesta legislativa recibió muchos reparos desde el principio. Nunca se consideró una auténtica ayuda a la justicia porque de su texto no se pudo inferir que se acabarían la congestión y la mora ni que el personal judicial iba a recibir mayor formación, entrenamiento y capacitación. A ojo de buen cubero, eso es lo que se necesita.
Según avanzaba el trámite, especialmente el cumplido en la segunda vuelta, las observaciones crecieron en la medida en que se formularon otras iniciativas, cada nueva más inconveniente que la anterior. Las Cortes estuvieron retrecheras. Los funcionarios y sindicatos judiciales denunciaron sus equivocaciones. Desde la sociedad civil y desde la política muchos manifestamos nuestras reticencias y algunos nos dirigimos a los Congresistas. Cuando fue claro que en el Congreso existían intereses particulares de por medio y se incluyeron definiciones que parecían favorecer situaciones personales en altas superioridades judiciales, se puso el grito en el cielo. Pero a nadie importaron los reclamos.
Como toda situación mala es susceptible de empeorar, se cumplió el principio de Murphy. Llegó la conciliación y la embarrada fue general.
“A lo hecho, pecho”. Le tocaba al Presidente Santos ponerle la cara al embrollo y proponer una solución viable, que muchos apoyamos con confianza porque la consideramos práctica y dentro de la juridicidad. Puede que no esté definida expresamente en la norma, pero no desconoce a la Constitución ni lesiona la ley. En cambio sí brinda la solución. Y eso es lo que se necesita para evitar muchos inconvenientes. La verdad, el gobierno no podía dejar pasar semejante adefesio.
La demanda de inconstitucionalidad y el referendo derogatorio, requieren que la reforma constitucional entre en vigencia. Muy malo sería. Por eso lo mejor es esperar que el propio Congreso “saque las patas del barro”. Que así sea.
