Por: Horacio Serpa Uribe
Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Es una vergüenza. Y el centro de este debate gira alrededor de la propiedad de la tierra. El Informe de Desarrollo Humano Colombia 2011 del PNUD, que será presentado hoy al Gobierno Nacional, concluye que “el 52 % de la gran propiedad está en manos del 1,15 por ciento de la población; mientras que el resto tiene sólo pequeñas y medianas posesiones”.
El documento revela que el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, en Colombia es del 0,85, el máximo es uno, lo que ubica al país entre los más desiguales del mundo, superado en la región por Brasil, que está en 0,87. Colombia ocupa el puesto 79 entre 193 naciones. Esa enorme concentración de la propiedad de la tierra explica porque es la causa de la guerra en Colombia. Actores: la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico.
Es, además, el origen de la concentración del poder político, económico y social. Es la razón de 3.6 millones de desplazados forzados, principalmente mujeres y niños; de la más enorme contrarreforma agraria que el país recuerde que hizo que 6.6 millones de hectáreas pasaran a manos de paramilitares, narcotraficantes y políticos corruptos; de luchas sociales que expresan la inconformidad de quienes padecen pobreza, exclusión, marginalidad, olvido. Es, en concepto del PNUD, el factor que frena el desarrollo humano.
Por ello nada tan pertinente como la aplicación de la ley de víctimas y tierras, que ha significado la más importante acción del Estado para reconocer los derechos de quienes fueron despojados de sus tierras, en una acción criminal coordinada por actores armados, agentes del Estado y dirigentes políticos. Lo que se ha revelado muestra una conspiración que no puede quedar impune. Hasta ahora han sido devueltas 495 mil hectáreas a sus antiguos dueños. La tarea en este campo es monumental y de ella dependerá, en gran medida, la construcción de bases sólidas para un proceso de reparación, justicia y paz en Colombia.
Los desmovilizados de los grupos paramilitares, en sus declaraciones ante los fiscales de justicia y paz, han revelado los métodos crueles de despojo de la tierra en sus zonas de influencia. Ese proceso de desangre y desplazamiento forzado, por desgracia para todos, sigue ocurriendo. Los bandidos no se resignan a perder lo que consideran suyo. La guerra continúa. Y la pobreza aumenta.
La prioridad es la reconciliación nacional. Eso lo tiene claro el Presidente Santos. Pero hay que ayudarlo a avanzar en ese camino. Nuestra obligación es estimular el proceso de justicia y paz, la aplicación de la ley de víctimas y tierras y la creación de una institucionalidad para la reconciliación. Los cambios profundos que se han iniciado no pueden tener reversa. Deben conducir a la equidad, a la fractura de la desigualdad, que como dice el PNUD, se transmite de generación en generación e impide el desarrollo y el fortalecimiento de la democracia.
