Por Horacio Serpa
Los delitos callejeros ocurridos en las ciudades se han convertido en noticias de alto impacto que abordan los medios de comunicación. Un atraco bancario en Bogotá se convierte en una información que sacude la tranquilidad colectiva y aumenta la percepción de que la seguridad urbana se le salió de las manos al gobierno nacional, al que se acusa de estar más preocupado por dar de baja a Alfonso Cano que por reducir las bandas dedicadas al fleteo o al microtráfico.
Esa percepción ha aumentado con el paso de los días. La muerte de un niño a manos de sus padres, el asesinato de un celador que intentó evitar un fleteo, la violación de un grupo de mujeres debajo de un puente, la sensación de que ningún lugar está libre de bandidos, preocupa a la ciudadanía. Sin duda, este asunto se está convirtiendo en un tema central de la agenda pública y en una preocupación de las autoridades locales y la administración central.
El General Óscar Naranjo, comandante de la Policía, ha desmentido con cifras los ataques de quienes quieren lesionar la imagen del Presidente Santos alegando el desplome de la seguridad democrática y de la seguridad urbana. Pero aunque han disminuido los secuestros han aumentado los delitos callejeros. Hay que hacer algo ya.
La seguridad democrática se centró en eliminar la guerrilla, reduciéndoles su campo de acción, desbaratando sus estructuras armadas y políticas, dando de baja a sus cabecillas y acabando el dominio de áreas rurales. En ese campo sus éxitos son innegables. Ya nadie cree en la superioridad militar ni política de la guerrilla, acorralada por la fuerza pública, diezmada y perseguida, obligada a un repliegue estratégico y a asumir de nuevo la guerra de guerrillas. Su sueño de ser un ejército del pueblo terminó cuando Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Ríos y tantos otros comandantes fueron dados de baja por el Ejército o por sus propios subalternos. Cano solo tiene la alternativa de negociar con un Estado hoy dispuesto a hablar nuevamente y emprender, una vez dejadas las armas, una lucha por una Colombia posconflicto en la que las Farc puedan ser un partido político legal que actúe no con balas sino con ideas.
Pero si ello ocurre y llegamos a ver a las Farc y al Estado negociando, el Gobierno Nacional, además, tiene que liderar la recuperación de las ciudades, el aislamiento de los actores del conflicto armado, como de las bacrim y los narcotraficantes, la desvertebración de las bandas de secuestradores y fleteros, y la persecución de las bandas juveniles dedicadas al delito.
Ello necesita una política robusta de justicia y convivencia, amparados en las nuevas leyes que permiten judicializar a los jóvenes infractores. Pero también, y es lo principal, una sólida acción social para atacar la pobreza, la marginalidad y la desesperanza de quienes no encuentran empleo, ni oportunidades de progreso.
La seguridad urbana necesita urgente atención. El presidente Santos debe evitar que la percepción le gane a la realidad.
Bucaramanga, 12 de Julio de 2011
