Por: Horacio Serpa
Colombia es una nación cruzada por más de cincuenta años de conflicto armado interno, protagonizado por paramilitares, guerrilleros, narcotraficantes, que han dejado más de cuatro millones de desplazados, miles de fosas comunes, más de 35 mil desaparecidos, miles de masacres y más de 300 mil muertos, según cifras de algunos expertos. Solo en el proceso de justicia y paz los paramilitares han reconocidos más de cien mil crímenes. Una verdadera crisis humanitaria.
Ello explica porque para el Presidente Juan Manuel Santos la aprobación de esta ley es una de sus prioridades. No se trata solo de un problema de sensibilidad sino de dignidad nacional. Porque no se puede llamar democracia, ni hablar de seguridad ni inversión extranjera, un país con esos vergonzosos índices de violencia.
¿Cómo puede alguien sentirse seguro en una nación donde el 10 por ciento de su población es víctima directa del conflicto armado? ¿Con qué cara puede llamarse demócrata quien pasa impávido por el poder sin transformar positivamente las condiciones de vida de quienes han sido golpeados por la guerra, muchas veces por acción de los propios agentes del Estado, que han actuado en connivencia con paramilitares y narcotraficantes? O peor, cuando agentes del Estado han ejecutado a personas de la sociedad civil para presentarlos ante los medios como positivos en su lucha contra la guerrilla o los paramilitares. El presidente Santos está respondiendo esas preguntas cambiándole la cara a Colombia, integrándola con el Continente, avanzando hacia la reconciliación, la dignidad y la transparencia.
Reparar a las víctimas es un imperativo histórico. Un asunto que no puede dar más esperas, porque el mayor aporte a la paz, a la seguridad y al fortalecimiento de la democracia es generar condiciones que permitan desactivar uno de los eslabones más crueles de la cadena de la guerra: la miseria, el resentimiento, la sed de venganza.
Devolverle a los cuatro millones de desplazados la tierra que les fue arrebatada a sangre y fuego por los señores de la guerra, en asocio con políticos corruptos, notarios inmorales, alcaldes inescrupulosos, será un gran paso hacia la reconciliación.
Garantizar que la tierra sea de sus verdaderos dueños, permitirá que regresen al campo quienes hoy habitan en la tierra del olvido. Millones de compatriotas sumidos en la miseria urbana o rural, que son carne de cañón de los grupos armados.
Al proyecto de ley le espera el trámite en el Senado, en donde le esperan duros debates protagonizados por quienes insisten en atravesársele a esa ley con argumentos retardatarios. Se ha lucido el ministro Germán Vargas en el trámite de esa iniciativa vital para Colombia. Hay que felicitarlo.
Cuando se sancione esta norma comenzaremos a cerrar el círculo infernal de la guerra. Porque las víctimas tendrán rostro humano y serán reparadas ante la historia. Estamos viviendo un momento trascendental en el campo de los derechos humanos. Esta ley es la mayor apuesta por transformar a Colombia hecha en muchos años. Un paso gigante hacia la paz.
Bucaramanga, 14 de Diciembre, 2010
