Por: Horacio Serpa Uribe
La historia de Colombia se partió en dos cuando el M-19 decidió tomarse el Palacio de Justicia con la intención de juzgar al Presidente Belisario Betancur y lo que recibió fue una respuesta descomunal de la Fuerza Pública. Lo que estaba planeado como un hecho mediático pleno de espectacularidad, terminó como la mayor derrota militar y política de esa guerrilla, pero también en un estigma para el gobierno y los militares, hoy encarcelados y juzgados por la Justicia.
El Holocausto del Palacio de Justicia es el acontecimiento más doloroso de nuestra historia en la segunda mitad del siglo XX. Las imágenes de la sede de la justicia en llamas aún hacen estremecer al más fuerte y enlutan el alma de nuestra democracia. Sobre todo porque 25 años después nadie conoce la verdad de lo ocurrido. Solo se sabe que murieron fusiladas y calcinadas más de cien personas, fueron desaparecidos los once empleados de la cafetería y la Corte Suprema de Justicia fue arrasada por la intolerancia.
El Presidente Betancur ha guardado desde entonces un prudente y respetable silencio, que ha significado su retiro voluntario de la política partidista. En estos días nuevamente se han hecho toda clase de declaraciones con ocasión del 25 aniversario de esa tragedia. Se han pronunciado con especial acento altas dignidades de la justicia, para aclarar que el indulto otorgado al M-19 quedó sin validez jurídica, de acuerdo con lo señalado por el Tribunal Superior de Bogotá, el cual dictaminó que esa guerrilla cometió delitos de lesa humanidad.
Ante dicha situación hay que preguntarse si el país va a enterrar el proceso de paz con el M-19, que permitió la desmovilización de ese grupo y su reincorporación a la vida civil. Una iniciativa que jalonó procesos de paz con otras guerrillas y permitió la desmovilización de cerca de seis mil compatriotas, así como la convocatoria de la Constituyente de 1991, a la que con acierto se le denominó “el camino de la paz”.
Un proceso de reconciliación que permitió un nuevo pacto social y político, y la creación de una estructura constitucional para la participación, la inclusión social, la democracia, la solidaridad, la integración y el entendimiento.
El M-19 ha cumplido su palabra empeñada. Nunca ha renunciado a los acuerdos, por más alta que se haya puesto la marea política en su contra. Ni los asesinatos, desapariciones, atentados y amenazas a sus dirigentes, ni la persecución de sus liderazgos por parte de los intolerantes, los han hecho devolverse al monte. Siguen siendo ciudadanos que actúan en todos los escenarios políticos como gobernantes, directores de partidos, congresistas, defensores de derechos humanos. Personas que renunciaron para siempre a las armas para defender libremente sus ideas.
Juzgarlos como criminales de guerra por los dolorosos hechos de hace 25 años, en los que murieron todos los asaltantes, sería un error imperdonable contra quienes han honrado su palabra y compromiso con la paz. Hacerlo sería enterrar para siempre la posibilidad de la convivencia.
