Por: Horacio Serpa Uribe
La decisión del Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, de destituir e inhabilitar por 18 años al ex secretario General de la Presidencia, Bernardo Moreno, y a tres ex subdirectores del DAS, es una demostración más del viejo adagio: la justicia cojea, pero llega. Y llegó disciplinariamente para demostrar que desde las altas esferas gubernamentales se expió y persiguió a la Corte Suprema de Justicia, líderes de oposición, periodistas, congresistas y a muchos más.
El caso de las chuzadas del DAS es mil veces más grave que el escándalo del Watergate, que le costó el mandato al republicano Richard Nixón, solo que en Colombia hay sectores que le han querido bajar el perfil, hasta hacerlo aparecer como la conspiración de una escolta y una señora de los tintos de la Corte Suprema. ¡Qué ridículos!
Nada más alejado de la verdad que eso. Ya todo el país sabe que el DAS se convirtió en una policía política, corroída moralmente, que se dedicó no a perseguir delincuentes, sino a aliarse con ellos, como el caso de la infiltración del paramilitarismo en esa institución, dirigida, precisamente, por un amigo de las AUC: Jorge Noguera. Es como si a Bin Laden lo hubieran puesto a dirigir la CIA, ante los ojos y la complacencia de la Casa Blanca. Ese buen muchacho, que se defendió a capa y espada desde las instancias oficiales, resultó implicado en graves persecuciones, como lo han denunciado ampliamente los ex paramilitares en los procesos de justicia y paz, y su ex subalterno Rafael García.
El DAS hace rato ha debido acabarse. No solo porque sus últimos directores han apostado al juego sucio contra la democracia, acatando órdenes gubernamentales impropias, sino porque no tiene credibilidad alguna, se ha corrompido y no tiene razón de ser. Varios de esos directivos del DAS, y sus subalternos los jefes de inteligencia y contrainteligencia, son un peligro para la sociedad.
Son una amenaza para la democracia. Al igual quienes les dieron las órdenes de atacar a los que consideraban enemigos del régimen, entre los cuales se cuentan el Presidente Juan Manuel Santos; el ministro de Gobierno, Germán Vargas Lleras; los gobernadores de Nariño y Santander; los periodistas Daniel Coronell y Holman Morris, entre muchos. Por no hablar de los ex candidatos presidenciales Gustavo Petro y Lucho Garzón, además de las más importantes ONG de derechos humanos, nacionales e internacionales. Piedad Córdoba también fue perseguida.
Lo que ha pasado en Colombia con el DAS en los últimos años es un hecho histórico grave, un atentado a nuestra dignidad como nación, a la institucionalidad y la democracia. ¿Los destituidos y sancionados funcionarios obedecían a mandos superiores? Tendrá la justicia que establecer a quiénes le reportaban sus torticeras actuaciones, y qué beneficios obtuvieron quienes ordenaron estos crímenes.
Las chuzadas nos duelen a los colombianos. Seguiremos atentos a que los ideólogos también paguen por sus pecados. ¡Justicia severa para los chuzadores!
