Por: Libardo Espitia
El jueves de esta semana (16 de agosto) el Congreso elegirá a un nuevo Contralor General de la República, entre los candidatos que superaron la prueba de conocimiento que diseñó la Universidad Industrial de Santander (UIS).
Esta es la primera vez que se utiliza el mecanismo de elección que fue adoptado por la Ley 1904 de 2018. Esta ley reglamentó la reforma al ‘equilibrio de poderes’ (Acto Legislativo 02 de 2015) que, entre otras cosas, prohibió la reelección presidencial y la reelección tanto de Contralor como de Procurador.
En las sentencias C-285 y C-373 de 2016, la Corte Constitucional revisó la exequibilidad del Acto Legislativo 02 de 2015 y recordó que «la función de control no hace parte de ninguna rama del poder». De allí la importancia de garantizar su autonomía e independencia.
En lo tocante a la Contraloría, la Constitución establece expresamente que «se trata de una entidad de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestal».
Tras aprobar la Ley 1904, la Mesa Directiva del Congreso expidió la Resolución 007 del 19 de julio de 2018, que añadió parámetros y requisitos para la elección del Contralor.
En su artículo 4, la Resolución estableció que esta elección «debía ceñirse a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y mérito».
El numeral 4 de ese mismo artículo estableció además los impedimentos para ser elegido Contralor, entre los cuales destaca «la prohibición de que el elegido sea miembro del Congreso y de que en su postulación intervengan los congresistas, dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil».
Sin embargo, de manera sorpresiva, la misma Mesa Directiva expidió el mismo día 19 de julio la Resolución 008, que eliminó la prohibición de que los congresistas intervinieran en la elección del Contralor.
¿Otra elección política?
En 2006, el entonces presidente Uribe intercedió en la elección de Julio César Turbay Quintero como Contralor General de la República. Su padre, el expresidente Turbay Ayala había sido uno de los primeros en proponer la reelección presidencial de Uribe.
Así, en su segundo mandato Uribe tuvo un Contralor “amigo”, que no le hizo ningún tipo de control y cuyo desempeño del cargo fue materia de graves dudas y debates.
Pues hoy la preocupación se agrava si se tiene en cuenta que entre los candidatos a Contralor está el actual presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), José Félix Lafaurie, quien superó las pruebas de la UIS con apenas 30 puntos, menos de la mitad de lo que obtuvo el primer clasificado Wilson Ruiz (74 puntos).
Pero además de ser un abierto simpatizante del ‘uribismo’ y del Centro Democrático, Lafaurie es el compañero sentimental de la congresista María Fernanda Cabal. Él es el candidato más cercano al partido de gobierno y es de esperar que ocurra algo similar a lo que sucedió en 2006.
Por lo demás, el gremio ganadero que preside Lafaurie también ha sido cuestionado por la misma Contraloría.
En efecto, en 2012, la Contraloría auditó las inversiones que el Fondo Nacional del Ganado (FNG) —cuyos recursos eran administrados por FEDEGAN— había hecho en las empresas Frigoríficos Ganaderos de Colombia (FRIOGAN) y Ganadera de Exportaciones (GANEXPO). Hay que resaltar que el FNG funge como accionista de ambas empresas.
La Contraloría concluyó que «la gestión no cumplía con los principios de economía, eficiencia y eficacia». En total, encontró (6) seis hallazgos administrativos, uno con connotación fiscal y otro con incidencia penal, y alertó al Ministerio de Agricultura para que «tomara las medidas necesarias para salvaguardar el patrimonio público».
Un año más tarde, un nuevo informe de auditoría practicado al FNG encontró 21 hallazgos administrativos, de los cuales uno tenía connotación disciplinaria y penal. En consecuencia, se ordenó abrir una indagación preliminar para establecer el alcance fiscal de algunas inversiones de FEDEGAN, clasificadas como “promoción y divulgación” dentro del programa misional “Acción a la comunidad” y que ascendieron a los $ 838.984.269 millones de pesos.
Como consecuencia de lo anterior, en diciembre de 2015, el Gobierno Nacional decidió no renovar el contrato de administración por el cual FEDEGAN administraba los recursos del Fondo Nacional del Ganado.
Que el presidente de FEDEGAN y otro miembro del gremio ganadero, Wilson Herrera Moreno, aspiren a presidir la Contraloría a pesar de esos antecedentes debería ser escandaloso.
También figuran en el listado que el Congreso le suministró a la UIS algunos nombres preocupantes, tales como el de Julio Cesar Cárdenas Uribe, ex contralor delegado para el sector de Infraestructura Física y Comunicaciones; el de José Andrés O´meara Riveira, exdirector de Vigilancia Fiscal Social (ambos bajo Turbay Quintero); el de Carlos José Bitar Casij, ex secretario del Ministerio de comunicaciones cuya actuación fue denunciada ante la Procuraduría y cuya hermana fungía como Coordinadora de Gestión Social en la administración Turbay; el de la ex auditora General Laura Emilse Marulanda recordada por el tema de las cirugías plásticas practicadas por su hermano en el Hospital La María, y el del ex contralor distrital Mario Solano Calderón que fue declarado insubsistente en el año 2013.
¿Qué es FEDEGAN y quién es Lafaurie?
FEDEGAN es una organización gremial sin ánimo de lucro creada en 1963, que «aboga por una ganadería moderna, por la adopción de procesos que faciliten la integración eficaz de las cadenas productivas de carne y leche, y por lograr que el interés de los ganaderos esté mejor representado en Colombia».
En 2004, Lafaurie llegó a la presidencia de FEDEGAN.
Desde 2002, Lafaurie había sido Superintendente de Notariado y Registro con el visto bueno de Álvaro Uribe, pero renunció después de que la Procuraduría lo sancionara por «tráfico de influencias» precisamente cuando fue vice contralor General de la República (1998-2002). Tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional ratificaron esa sanción.
Lafaurie también fue mencionado en el ‘escándalo de las notarías’ que se dieron a congresistas como pago por aprobar la reelección de Uribe. Si bien la Procuraduría en cabeza de Alejandro Ordóñez lo exoneró en 2009, la Corte Suprema de Justicia condenó a cuatro congresistas: Teodolindo Avendaño, Iván Díaz Mateus, Yidis Medina y Alirio Villamizar y posteriormente a otros ex funcionarios del gobierno Uribe.
El pasado 20 de junio, FEDEGAN sufrió uno de sus golpes más fuertes: la Corte Suprema condenó a su expresidente, Jorge Visbal Martelo, a (9) nueve años de prisión por nexos con paramilitares. Visbal también había sido embajador de Álvaro Uribe y de Juan Manuel Santos y senador del Partido de la U.
¿Poder absoluto para el uribismo?
El artículo 126 del Acto Legislativo 02 de 2015 prohíbe de forma clara que «los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones nombren, postulen o contraten con personas con parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o con quien estuvieran ligados por matrimonio o unión permanente».
Es sumamente preocupante que el Centro Democrático, ya en control tanto de la rama ejecutiva como de la presidencia de la rama legislativa, pretenda ahora nombrar un Contralor tan cercano al ‘uribismo’ como Lafaurie.
De ser elegido, Lafaurie tendría la función de «ejercer control fiscal sobre todas las ramas del poder público y, en especial sobre la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo que expida el gobierno de Iván Duque».
Una importante ONG presentó a la Procuraduría General, una solicitud de intervención integral en el proceso de la convocatoria y la apertura de investigaciones disciplinarias contra quienes suscribieron la Resolución No. 08 al configurarse los elementos del Código Único Disciplinario.
No puede pasarse por alto que el Juzgado Séptimo Civil del Circuito de Bogotá admitió la acción de tutela No. 2018-409, interpuesta contra la convocatoria del proceso de elección de Contralor General. En la tutela se solicita el amparo a la debida información, publicidad, claridad y transparencia del proceso, todo lo cual habría sido vulnerado por la Mesa Directiva del Congreso al cambiar las reglas de la convocatoria con la Resolución 009 del 26 de julio de 2018.
Una vez más tienen la palabra la Procuraduría General de la Nación y los jueces de la República.
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LIBARDO ESPITIA, es profesional en Ingeniería con estudios en electricidad y electrónica, especialista en servicios públicos domiciliarios, contratación pública, control fiscal y disciplinario, Magíster en Gestión y Auditorías Ambientales.
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