Por: Julián F. Martínez
El expresidente Álvaro Uribe Vélez lleva (11) once años tratando de comprobar que quienes considera sus enemigos personales ofrecen dádivas y beneficios a paramilitares y narcotraficantes a cambio de enlodar su “buen nombre”, pero nunca lo ha logrado.
Siempre que se siente afectado por las investigaciones de las autoridades judiciales —ya sea contra su persona o miembros de su familia, o por las denuncias de la oposición por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno—, aparece con la ya famosa e histórica versión de que «recibió cartas, llamadas, mensajes» o que, «misteriosamente, se le acercó un anónimo en la calle para advertirle que sus rivales políticos están pagándole a ex miembros de las autodefensas para fabricar pruebas contra él y su familia».
El objetivo consiste en ‘mostrarse como víctima de un complot’ para desviar la atención de la opinión pública y que la sociedad no se percate de los hechos que conforman los procesos judiciales, dando como resultado la ‘estigmatización mediática’ de quien lo investiga o controvierte.
La misma estrategia que hoy se ejecuta contra el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro, ya se había efectuado para desprestigiar, entre otros, a los ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctores Yesid Ramírez Bastidas e Iván Velásquez Gómez, al congresista Gustavo Petro, a la excandidata presidencial Piedad Córdoba y al periodista Daniel Coronell, quienes resultaron absueltos de los cargos que les imputó Uribe públicamente, mientras que algunos de sus aliados —en esta estrategia de chuzadas y chantajes— están condenados por la justicia.
Esto viene sucediendo exactamente desde el 10 de septiembre de 2007 cuando Uribe se enteró —por medio del trabajo que estaban desarrollando ilegalmente agentes del extinto DAS, entonces policía secreta de la Presidencia— que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia iba a llamar a indagatoria a su primo hermano Mario de Jesús Uribe Escobar, vinculándolo al escándalo de la ‘parapolítica’, proceso por el que se judicializaron cerca de (80) ochenta congresistas uribistas que tenían supuestos vínculos con paramilitares. En efecto, el alto tribunal asoció al primo del presidente en el expediente penal el día 26 de ese mes.
Doce días después, el 8 de octubre de ese año, Uribe denunció que el principal investigador de su primo, el penalista Iván Velásquez Gómez, «había visitado la cárcel de Itagüí para ofrecerle a José Orlando Moncada, alias ‘Tasmania’, unos beneficios jurídicos si declaraba que el presidente Uribe había ordenado, en 2003, un atentado contra otro delincuente conocido en las AUC como alias ‘René’». La Casa de Nariño exhibió una carta que había firmado alias ‘Tasmania’ y le pidió a la Fiscalía procesar a Velásquez Gómez por estos hechos.
La investigación duró (8) ocho meses y el resultado fue la absolución del magistrado Velásquez porque ‘Tasmania’ le reveló al ente investigador que, «en honor a la verdad, los hechos eran contrarios a la realidad, pues le habían prometido a él prerrogativas si generaba un complot contra el magistrado auxiliar». Entonces reveló que el narcotraficante Juan Carlos Sierra, alias ‘El Tuso’ (el mismo personaje que hoy Uribe quiere aportar como testigo a su favor, bajo los oficios del abogado Diego Cadena), «le había ofrecido 400 millones de pesos y una vivienda para su madre a cambio de desprestigiar la honra del destacado jurista y se retractó de sus acusaciones contra Velásquez».
Por este caso fue condenado el abogado Sergio González porque se comprobó que él había sido el verdadero autor de la carta que firmó el paramilitar y que fue fabricada para hacerle un favor a Mario y Santiago Uribe, quien hoy enfrenta otro proceso por la conformación de un escuadrón de la muerte denominado ‘Los Doce Apóstoles’ que ejecutó, a al menos, 533 personas en el departamento de Antioquia.
El abogado González fue defensor de ‘El Tuso’ y su oficina jurídica quedaba en el mismo edificio donde también tienen despachos los primos Mario y Santiago Uribe en Medellín.
La investigación se quedó a mitad de camino porque sólo tocó a González a pesar de haberse expuesto evidencias que vinculaban directamente a los familiares de Álvaro Uribe en circunstancias de modo, tiempo y lugar.
El 22 de abril de 2008 fue capturado el exsenador Mario Uribe lo que produjo una crisis en el Palacio de Nariño. Por esta razón, al siguiente día, ingresaron por los sótanos de la Presidencia el paramilitar Severo Antonio López, alias ‘Job’, junto al abogado Diego Álvarez, quien para la época era el apoderado de Diego Fernando Murillo, conocido en la ‘Oficina de Envigado’ con el alias de ‘Don Berna’. Se trataba de otra reunión para chantajear a la Corte Suprema.
Ese miércoles 23 de abril de 2008, los secretarios Bernardo Moreno, Edmundo del Castillo y César Mauricio Velásquez, se reunieron con los emisarios de las autodefensas con el fin de estructurar un nuevo montaje contra los magistrados que estaban investigando la ‘parapolítica’. Pasadas veinticuatro horas de la susodicha velada, apareció en el DAS un memorando reservado que decía que «Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell estaban recolectando 500 millones de pesos para dárselos a Francisco Villalba, paramilitar condenado por la masacre de El Aro, a cambio de enlodar al presidente Uribe». (VER DOCUMENTO 1)
La versión del organismo de inteligencia tenía como origen “una fuente confiable” que dio a conocer que un tercer paramilitar, Libardo Duarte, alias ‘Bam bam’, había sido abordado por Villalba en la cárcel La Picota en Bogotá «para que lo apoyara en unas declaraciones judiciales a cambio del 50% de esos 500 millones para salpicar a Uribe con esta tragedia ocurrida en 1997». En realidad, era un documento secreto que se redactó en el DAS para justificar seguimientos ilegales contra los opositores políticos Piedad Córdoba y Gustavo Petro y el periodista Daniel Coronell y para filtrarlo a los medios de comunicación con el fin de desacreditarlos.
Mario Uribe fue condenado en 2011, a (7) siete años y medio de prisión al comprobarse sus vínculos con los paramilitares, mientras que, a Bernardo Moreno, secretario general de la Casa de Nariño, y a la directora del DAS María del Pilar Hurtado, los condenaron en 2015 a (8) ocho y (15) quince años respectivamente, por la cacería del Departamento Administrativo de Seguridad.
Al paramilitar ‘Job’ lo asesinaron el 28 de julio de 2008 y al condenado por la masacre de El Aro, Francisco Villalba, lo ejecutaron en su casa el 29 de abril de 2009. La Corte Suprema declaró dicha matanza —ejecutada en Antioquia cuando Uribe era gobernador del departamento— como delitos de ‘lesa humanidad’.
Otros hechos que llaman la atención están expuestos en una entrevista que el propio Álvaro Uribe le concedió a la W Radio el 8 de septiembre de 2008. Ese día, por medio de esa emisora, dijo que «la Secretaría Jurídica de la Presidencia estaba recibiendo denuncias sobre supuestas dádivas que estaban prometiendo para presionar a testigos falsos con el propósito de vincularlo a él en delitos». Mas adelante en la misma entrevista dijo: “Yo he sido víctima de la manipulación de testigos, pero jamás he acudido a manipular testigos. Invito a que demuestren un solo caso en el cual yo haya manipulado testigos”, señaló el entonces jefe de Estado.
Y reveló que días atrás una persona, de quien omitió su identidad, había visitado la Casa de Nariño para decir que lo habían manipulado para rendir una declaración ante el CTI de la Fiscalía. Uribe se refería a Sergio Tovar Pulido, un ex agente de la Sijín de Sucre, quien fue al palacio presidencial el 10 de agosto de 2008, a decir «que asesores del senador Gustavo Petro lo habían presionado para vincular a los aliados políticos del gobierno y al presidente con actividades delictuosas». Entonces el secretario jurídico, Edmundo del Castillo, envió una carta a la Fiscalía pidiendo investigar al congresista Gustavo Petro, quien realizó los debates más influyentes sobre la violencia paramilitar en Colombia (VER CARTA).
En ese entonces, Petro le dijo a los medios que Tovar Pulido se estaba arriesgando a “cometer el delito de falso testimonio” y que no sabía a cambio de qué. “Me parece hilarante que el presidente presente a Tovar como la prueba de la manipulación de testigos”, agregó el congresista.
Esto hechos constituyen un patrón de conducta que rodea al hoy senador del Centro Democrático que está siendo investigado por «soborno, fraude procesal, concierto para delinquir y homicidio».
La historia que la prensa ha registrado por (11) once años es la misma que hoy sigue protagonizando Uribe, pero con personajes distintos. Primero fue por Mario Uribe, quien ya fue sentenciado. Después por Santiago, su hermano.
Ahora el foco está puesto sobre él.
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JULIÁN F. MARTÍNEZ, Comunicador Social y Periodista del Politécnico Grancolombiano con diplomado en “Gerencia Estratégica de la Comunicación” y en “Herramientas Digitales para Periodismo de Investigación” en la Universidad de Texas en Austin. Fue galardonado con el Premio Simón Bolívar en las categorías “Mejor Reportaje en Televisión” en 2010 y “Mejor trabajo de periodismo investigativo en Televisión” en 2014. Fue nominado en el Premio Nacional de Periodismo CPB en la categoría “Medios Digitales y Virtuales” por un reportaje sobre el legado y el proceso judicial del magnicidio del director de El Espectador, Guillermo Cano Isaza.
En 2014 fue nominado en el Premio Álvaro Gómez Hurtado, que galardona a los reporteros que hacen investigaciones sobre Bogotá. Desde hace cinco años es reportero de Noticias Uno, catalogado por el jurado del Premio India Catalina como el “Mejor Noticiero Nacional” por seis años consecutivos.
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