Por: Juan Manuel López C
Presentó el Gobierno al Congreso un primer proyecto sobre reforma al sistema de regalías, y apareció la primera rebelión o fisura ya no solo en la ‘Mesa de Unidad Nacional’ sino en el mismo Partido de la ‘U’.
La razón de ello: que se pretende sustraer las regalías de los ingresos de los entes territoriales (Municipios y Departamentos) y trasladarlos al Gobierno Central, y a nadie le pueden quitar sus entradas sin que proteste. Pero al plantear que esto es necesario porque hay inequidad en la distribución y/o mala administración por las autoridades locales, lo que se está es evadiendo debatir tanto las causas como la solución del problema que se trata.
Un debate es el qué pasará con la atención a la salud, el saneamiento ambiental y el agua potable, rubros a los cuales por obligación se debían destinar esos recursos; el seguir hablando de elefantes blancos o de piscinas con olas es una falsa argumentación puesto que eso fue corregido con la norma que exige que se destinen esos recursos a esos propósitos.
Un segundo debate es sobre la mayor eficiencia o pulcritud del manejo por parte de los funcionarios del poder central. Sobre eso hay muchas dudas, pero sobre todo no podría funcionar el país bajo esa premisa, o tocaría aplicarla a todos los temas. Es equivalente a la famosa venta del sofá…
Además oculta o bendice lo que debería ser un debate principal – y que como tal fue planteado inicialmente-: si la Nación trata aumentar el ingreso por regalías, debe partirse de la base que éste es bajo porque lo que el país recibe por ese concepto es bajo.
En efecto, para atraer la cacareada ‘inversión extranjera directa’ (IED), o para generar la supuesta ‘confianza inversionista’ no bastaron las prebendas de los ‘contratos de estabilidad’ (que protegían al capital importado de la suerte que sí podían correr los capitales nacionales), ni las exenciones de impuestos (hasta 40% por reinversión o inversión nueva), y por eso fue necesario reducir por debajo de todos los países lo que recibimos por regalías, llegando a un mínimo 8%, y dando a los concesionarios la propiedad de hasta el 92% de lo que era nuestro petróleo.
El contrarrestar ese exceso de prebendas, limitando o gravando la facultad de remesar las utilidades, disminuyendo las exenciones, creando inversiones forzosas o con cualquier otro método es lo que también está pendiente como debate.
Pero sobre todo falta el debate sobre lo que equivaldría a la implantación de un nuevo modelo de desarrollo. Sobre esa apropiación por parte del poder central de lo que son regalías territoriales, quedaría montado todo el manejo de los múltiples problemas heredados de un modelo para el cual lo único que contaba era la guerra a las FARC: lo que hoy se espera lograr con esa reforma, sería centralizar en la Presidencia (o en órganos que acabarán siendo sometidos a ella) la administración de todo el ingreso nacional por recursos naturales, y depender todo nuestro futuro de ello.
Algunas preguntas son: ¿si no se interviene el resto y se lo pueden y van a llevar los concesionarios, alcanzará esto para tanta promesa? ¿si no pasa la reforma, en qué quedan todas las otras reformas y leyes? ¿y qué de lo ‘descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales’ que según la Constitución debe ser nuestra República?
