Un escándalo más: el de ‘Agro Ingreso Seguro’ –AIG-.
Como es tradición en nuestro país, se le da el enfoque de la ‘corrupción’. Se cuestiona que varios de los privilegiados con un regalo del Estado sean de un mismo apellido, o sea parientes entre sí; que no sean campesinos sino empresarios acaudalados; que pertenezcan a las familias que ostentan el poder político y/o económico en la Costa; que tengan actividades fuera del campo; etc.
También como es tradición, el escándalo es desencadenado por los medios sin profundizar mayormente en el contexto dentro del cual se aprueban esos regalos, más con el ánimo de producir la noticia que de estudiar lo que está sucediendo.
Las familias pudientes en la Costa son básicamente terratenientes y la mayor actividad a la cual se dedican es buscar explotar sus tierras. Son además usualmente originarios de las mismas ramas familiares, así su parentesco pueda ser lejano. Y siendo eso su patrimonio, aún en los casos en que se dediquen a otras carreras, conservan el poder y el interés que dedican como es natural a buscar inversiones que les permitan multiplicar su capital.
El inicio de este escándalo con un listado selectivo de 10 o 12 personas sobre 3.000, y reducido a cuestionar los nombres sin entrar al porqué están ahí o porqué no deberían estar, muestra más un desconocimiento y un sesgo ante la Costa, y un ánimo extremo de oposicionismo, que de análisis del verdadero problema.
El asunto es más grave. Y lo es justamente porque casi seguramente todos ellos tiene derecho legítimo y legal a recibir esos ‘subsidios’. No es por ‘corrupción’ que los reciben sino porque así lo contempla la ley; y así lo contempla la ley porque esa es la política bajo el actual gobierno.
Es simplemente la aplicación del desarrollismo que dice que los efectos sociales de una política son secundarios porque la prioridad es el desarrollo económico. Y dentro de tal modelo es correcto que el campo requiere inversiones empresariales para ser rentable y competitivo. Por eso coincide con propuestas anteriores como la de Carimagua donde se reversaba la entrega de ese predio a los desplazados para responder al modelo permitiéndoles a los empresarios explotar esos bienes sin arriesgar su patrimonio.
Lo cuestionable es si un país con las desigualdades y los problemas sociales que tiene el nuestro debe regalar a los ya ricos para que multipliquen sus fortunas con la esperanza de que después algo se distribuya entre los desfavorecidos.
Con ese modelo neoliberal y esa teoría del crecimiento se precia el gobierno de la ‘confianza inversionista’ que supuestamente ha generado, como si recibir beneficios sin contraprestación fuera una muestra de confianza, y como si el aumento de la pobreza y la miseria y del desempleo y el subempleo que la han acompañado no significaran nada.
También otros cuestionables manejos de este gobierno (chuzadas, falsos positivos, notarías, fosas comunes, yidispolítica, parapolítica, oposición a los acuerdos humanitarios, etc.) nacen de los principios políticos que lo guían –el ‘todo se vale’; el ‘no hay conflicto, solo bandidos’; la ‘cooperación’ con los americanos no es a costa de la soberanía; la ley de Justicia y Paz es para manejar a los paramilitares no a sus víctimas; etc.-.
