La clase política tradicional en Colombia parece no tener remedio. Una y otra vez demuestra que su prioridad no es el país ni sus ciudadanos, sino sus propios intereses.
En medio del rechazo generalizado por el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, una de las voces más visibles de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, se ha hecho evidente lo que muchos ya sabían:
La clase política tradicional solo se une cuando se trata de frenar cualquier intento de transformación que implique devolverle poder al pueblo.
Este atentado, que generó una oleada de indignación y pronunciamientos públicos, rápidamente se convirtió en una excusa para alinear a todas las figuras del anti-petrismo —de izquierda, centro y derecha— en contra de un solo objetivo: evitar que se convoque una Consulta Popular.
El gobierno ha propuesto este mecanismo democrático como una forma legítima de que la ciudadanía decida sobre temas fundamentales como la recuperación de derechos laborales, pero para la clase política tradicional, el solo hecho de que el pueblo tenga la palabra les causa pánico.
Más preocupante aún es la manera en que destacados juristas y figuras públicas —todos con posturas abiertamente contrarias al gobierno actual— han salido a advertir, con tono amenazante, que los ministros que respalden la Consulta Popular podrían ser encarcelados.
Esta postura no solo raya con el autoritarismo, sino que refleja un profundo desprecio por la participación ciudadana.
¿Desde cuándo es delito consultar al pueblo?
¿Por qué les asusta tanto que sea la gente, y no ellos, quienes decidan?
En lugar de aprovechar el momento para condenar la violencia, exigir justicia y promover un ambiente de reconciliación, lo que hemos visto es un espectáculo de oportunismo político.
Precandidatos presidenciales como Vicky Dávila, Sergio Fajardo y Claudia López no han perdido la oportunidad de salir en los medios tradicionales, acusar sin pruebas al gobierno y exigir, con urgencia, que se detenga la Consulta Popular.
Su interés no es la justicia ni la verdad, sino frenar un proceso que podría significar una pérdida de poder y privilegios para ellos y sus aliados.
Resulta irónico —por no decir hipócrita— que los mismos políticos que se escandalizan ante la posibilidad de una consulta popular son los que durante años han votado en contra de reducir su propio salario, han saboteado reformas necesarias y han cerrado el Congreso para no trabajar.
Cuando se trata de proteger sus beneficios, se alinean sin problema alguno.
Pero cuando se trata de beneficiar a la clase trabajadora, ahí sí se llenan de excusas, miedos e interpretaciones legales amañadas.
Lo más preocupante no es solo la resistencia a la Consulta Popular, sino el discurso con el que intentan justificarla. “Hay que respetar las instituciones”, dicen con un cinismo que insulta la inteligencia del pueblo colombiano.
¿Respetar las instituciones es negar el derecho ciudadano a decidir?
¿Respetar las instituciones es frenar un mecanismo constitucional como la consulta popular solo porque no les favorece?
Este episodio ha dejado claro que a la clase política tradicional no la une el amor por Colombia ni el deseo de un futuro mejor.
Lo único que los cohesiona es el odio a Petro y el miedo a que el pueblo tome las riendas de su destino. Prefieren seguir gobernando a espaldas de la gente, ignorando sus necesidades, reprimiendo su voz y manipulando la opinión pública a través de los grandes medios de comunicación, que no han hecho otra cosa que amplificar sin crítica las narrativas del anti-petrismo.
Colombia necesita un cambio profundo, no sólo de políticas, sino de mentalidad. Necesita una clase política que no tema escuchar al pueblo, que no utilice la violencia como excusa para censurar la democracia, y que no vea en la participación ciudadana una amenaza, sino una oportunidad de fortalecer el país.
La Consulta Popular no es un capricho del presidente Petro. Es una herramienta legítima que permite que los colombianos decidan sobre temas que los afectan directamente. Y si la clase política tradicional le teme a eso, es porque sabe que el pueblo no olvida quién le arrebató sus derechos.
